La Fiscalía de Colombia llamó hoy a juicio a un general retirado y a otros dos miembros del Ejército por su presunta responsabilidad en la desaparición de 11 empleados de la cafetería en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, informaron fuentes judiciales.
Esa determinación fue tomada por la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ángela María Buitrago, que profirió un resolución de acusación contra el ex general Iván Ramírez Quintero, el mayor en retiro Fernando Blanco Gómez y el sargento retirado Gustavo Arévalo Moreno.
El oficial era el comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici) en el momento en que la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia a finales de 1985 y fue uno de los encargados de hacer la retoma a la sede judicial.
"La única razón (...) para que sistemáticamente se niegue la participación del Coici, es sin lugar a duda eludir la vinculación con los hechos imputados", señaló la fiscal.
Los militares son acusados por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada.
La Fiscalía había dictado el 27 de mayo de 2008 una medida de aseguramiento en contra de Ramírez Quintero, dentro de las investigaciones por el "holocausto" del Palacio de Justicia.
Ramírez es el oficial de más alto rango involucrado en los hechos, cuya investigación fue reabierta por la Fiscalía en agosto de 2006, ante el surgimiento de nuevos elementos en el caso de los desaparecidos, entre otras las imágenes de televisión.
La unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia enviará en los próximos días el proceso que se realiza contra los militares a los juzgados especializados de Bogotá, en donde juzgarán.
Ramírez, actualmente detenido en una unidad militar de la capital colombiana, es el tercer oficial de alto rango que es llamado a juicio por los desaparecidos del Palacio de Justicia, además de los coroneles Alfonso Plazas Vega y Edilberto Sánchez Rubiano.
La investigación señaló que el Coici "coordinó" la inteligencia con militares del B-2, cuyo jefe era el coronel Sánchez, quien se convirtió en 2006 en el primer militar detenido por los hechos.
