La estadounidense Lori Berenson defendió hoy ante un tribunal peruano la libertad condicional que recibió en noviembre pasado y reiteró que está arrepentida de haber colaborado con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Berenson se dirigió brevemente a los miembros de la Sala Penal Nacional, que preside el magistrado David Loli, que hoy evaluó y dejó al voto una solicitud presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría Antiterrorista para que retorne a prisión.
"Reconozco mi responsabilidad en el delito que cometí y me siento arrepentida de ello. No estoy haciendo nada en contra de la ley. Si he salido es porque he tenido informes psicológicos por mi buen comportamiento en el penal donde he trabajado y estudiado", explicó la norteamericana.
Añadió que puede "vivir en libertad sin hacer daño a nadie", aunque dijo que aceptará la resolución que tome la sala suprema sobre su caso.
Por su parte, el abogado de Berenson, Aníbal Apari, pidió al tribunal que confirme la libertad condicional que le otorgó la jueza Jessica León por haber cumplido 15 de los 20 años de cárcel a la que se le sentenció por sus vínculos con el MRTA.
Durante la audiencia, el procurador antiterrorista, Julio Galindo, solicitó al tribunal que revoque la resolución y argumentó que para los casos de terrorismo no se puede computar el periodo de prisión efectiva con el de redención de pena por trabajos y estudio en la cárcel.
Berenson abandonó la prisión, por segunda vez, en noviembre pasado, luego de que en agosto un tribunal supremo anulara, por un defecto de forma, una primera decisión de la jueza León, que en mayo de 2010 ya le había concedido la libertad condicional.
El caso de Lori Berenson ha sido uno de los que más indignación han despertado en los últimos meses en estamentos políticos, mediáticos y ciudadanos peruanos, y han sido muy pocos quienes han salido a defender su derecho a la reinserción y rehabilitación.
Berenson fue detenida el 30 de noviembre de 1995 a la salida del Congreso peruano, adonde había ingresado con credenciales falsas de periodista con el supuesto fin de participar en un plan que intentaba secuestrar a parlamentarios para canjearlos por los militantes presos del MRTA.
Tras su detención, un tribunal militar la condenó a cadena perpetua, pero luego se le sometió a un nuevo juicio en el fuero civil, en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
