La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, en medio de la oposición de los familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.
La emblemática iniciativa, impulsada por la presidenta Michelle Bachelet, pasará al Senado tras ser aprobada por 57 votos a favor, 11 en contra y 31 abstenciones en una sesión marcada por las protestas de los familiares y víctimas del régimen militar (1973-1990).
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se opone a este organismo porque en el proyecto no se le otorga la facultad de presentar querellas contra las violaciones a los derechos humanos que puedan producirse en el futuro.
Durante la sesión, los familiares gritaron consignas y lanzaron monedas a los parlamentarios de la Concertación, la coalición de centroizquierda en el poder desde 1990, y fueron desalojados del hemiciclo por la Policía.
Algunos diputados de la Concertación que se oponían a la iniciativa aceptaron votar a favor después de que el Gobierno se comprometió a presentar un veto aditivo por el que se concederá al Instituto la discutida facultad.
Ese veto, que se presentará una vez que el proyecto termine su trámite parlamentario, permitirá al nuevo Instituto interponer querellas por crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y delitos investigados y sancionados en virtud de tratados internacionales.
Pero el compromiso del Gobierno no es suficiente para las agrupaciones de derechos humanos.
Para la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, "lo que está ocurriendo con un veto es disfrazar la decisión política de terminar este Gobierno lleno de símbolos, pero vacío en avanzar en verdad y justicia".
El organismo será una corporación autónoma de derecho público que, entre sus funciones, tendrá la misión de elaborar un informe anual, que deberá presentar al presidente de la República, al Congreso y al presidente de la Corte Suprema.
El documento hará referencia a sus actividades y a la situación nacional en materia de derechos humanos, efectuando las recomendaciones que estime convenientes para su debido resguardo y respeto.
Además, el Instituto promoverá acciones tendentes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas cuyos restos no se hayan ubicado, pese a tener constancia de su deceso.
Según cifras oficiales, durante la dictadura del fallecido Augusto Pinochet hubo en Chile más de 3.200 víctimas, de las que 1.192 son detenidos desaparecidos, y más de 28.000 personas fueron encarceladas o torturadas.
