Los diputados uruguayos votarán mañana la anulación de la Ley de Caducidad


La Cámara de Diputados de Uruguay votará mañana un proyecto para anular la ley que libró de juicios a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura, con la incógnita de si el oficialismo logrará la mayoría, pues uno de sus representantes ha anunciado que no apoyará la iniciativa.


En una entrevista con Efe, el diputado Semproni, de 74 años, reiteró hoy su decisión de no apoyar el plan oficialista, cimentada en el respeto que siente hacia la ciudadanía, que ratificó la polémica Ley de Caducidad (1986) en dos referendos en 1989 y 2009.


"El pueblo dijo que 'no' a lo que queremos hacer mañana. No comparto pero respeto la decisión soberana del pueblo", indicó.


Fuentes de su despacho en el Palacio Legislativo señalaron después a Efe que el parlamentario tiene una jornada plagada de reuniones con altos cargos del FA, quienes probablemente tratarán de convencerlo de que cambie de postura.


El proyecto ya fue aprobado por diputados y senadores pero volvió a los primeros, que deben votarlo otra vez, debido a modificaciones menores en el Senado.


El Frente Amplio (FA), una heterogénea agrupación de izquierdas, cuenta con 50 de los 99 escaños de la Cámara de Diputados, de manera que la negativa de Semproni ha dejado en el aire la iniciativa porque la oposición en pleno dijo hace semanas que la iba a rechazar.

 

Además, Semproni sostiene que su rechazo al plan se debe a su fidelidad al presidente José Mujica, que la semana pasada pidió a los diputados del FA que tengan en cuenta el costo político que puede tener para la izquierda la anulación y fue muy crítico con la propuesta de su partido.


El mandatario y el diputado advierten, como han hecho la mayoría de juristas consultados por el oficialismo, que la nueva ley será declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en caso de ser recurrida, aunque Mujica ha dicho que si se aprueba en el Parlamento no la vetará.


La relación entre Mujica y Semproni data de la época en que militaban en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, una guerrilla que combatió a varios gobiernos constitucionales y a la dictadura en las décadas de los años 60 y 70.

 

Los dos estuvieron varios años en la cárcel en duras condiciones, la mayoría durante la dictadura (1973-1985).


Semproni, que asegura tener 37 cicatrices y un sólo testículo por las torturas a las que fue sometido a manos de los militares, señaló hoy que no le intimida el protagonismo que ha adquirido por remar a contracorriente en su partido.


"Yo estuve ocho días colgado de los testículos durante la dictadura y tengo tres estados de coma a mis espaldas producto de las torturas", afirmó a Efe.

 

Con el fin de la dictadura, Semproni, Mujica y otros tupamaros asumieron la vía democrática.


En la actualidad, el diputado pertenece a la Lista 6009, una corriente del Espacio 609, la formación que lideró el Mujica dentro del FA antes de asumir la Presidencia en marzo de 2010.


Además de las presiones internas en el seno del FA, la central sindical obrera del país se manifestará mañana en los alrededores del Palacio Legislativo, cuando se lleve a cabo la sesión parlamentaria, en favor del proyecto.


Como alternativa, Semproni sugirió que se debata en la Asamblea General (la reunión del Senado y la Cámara de Diputados) la derogación de la ley, es decir, su eliminación con miras a futuros casos, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos.


El diputado aseguró que lograr ese apoyo es factible, pues muchos legisladores opositores están de acuerdo con derogar la ley, no así con anularla, un acto que pretende tener efecto retroactivo, razón por la cual se considera inconstitucional.


Semproni indicó también que el Ejecutivo, como ya hizo Mujica la semana pasada, puede ir anulando por la vía administrativa las resoluciones de algunos de sus antecesores que impidieron juzgar casos de la dictadura amparándose en la Ley, cuyo nombre completo es Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.


La polémica ley otorga la última palabra al Gobierno de turno, algo que ya fue aprovechado por Mujica y su correligionario Tabaré Vázquez (2005-2010) para abrir viejas causas.


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101 años de Panamá América

 
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