La Asociación de Magistrados de Brasil respaldó hoy la posible apertura de juicios contra los agentes del Estado acusados de torturas durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, como ha propuesto el Ministerio de Justicia.
"La legislación no puede ser un paraguas para los torturadores", indicó el presidente de la asociación, Mozart Pires, en una carta enviada al ministro de Justicia, Tarso Genro, divulgada por ese despacho.
El inicio de juicios contra los sospechosos de haber aplicado torturas mientras duró el régimen militar implicaría la revisión de una amplia Ley de Amnistía dictada en 1979 por la dictadura, que benefició tanto a militantes políticos como a los propios agentes.
El ministro Genro generó una fuerte polémica el año pasado, al proponer una revisión de esa ley y que los acusados de tortura y otras violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales.
Según Genro, la amnistía de 1979 no exculpó a los responsables de crímenes como la tortura o la desaparición forzosa, que "son delitos comunes y no políticos", considerados punibles incluso en acuerdos internacionales suscritos por Brasil.
La propuesta fue rechazada por sectores de las Fuerzas Armadas y también por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quien incluso advirtió de que una posible revisión de la amnistía podría generar "inestabilidad institucional" en el país.
La polémica fue zanjada por el jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en septiembre pasado afirmó que "la mejor venganza contra la dictadura" es "darle visibilidad" a sus víctimas, en lugar de "hablar de quién practicó agresiones".
Al calor del debate, la Orden de Abogados de Brasil pidió el año pasado al Supremo Tribunal Federal que analice la Ley de Amnistía de 1979 y haga una "interpretación más clara" sobre su alcance.
Concretamente, los abogados solicitaron que sea esclarecido si el texto de la dictadura ampara "los crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores".
En la carta enviada a Genro, la Asociación de Magistrados indicó que respalda a la Orden de Abogados y que estudia la posibilidad de dirigirse al Supremo Tribunal, para presentarse como "coautora" de esa solicitud de revisión de la Ley de Amnistía.
