Los países iberoamericanos reafirmarán en la cumbre de El Salvador el compromiso de combatir el terrorismo "en todas sus formas" y el valor de la extradición como "herramienta esencial" para esa lucha.
A propuesta de Cuba, los coordinadores de los 22 países de la comunidad iberoamericana debatieron hoy un proyecto de comunicado de apoyo a la lucha contra el terrorismo, al que deben dar el visto bueno mañana miércoles los cancilleres, antes de ser aprobado por los líderes en la cumbre.
El borrador, al que ha tenido acceso Efe, manifiesta la necesidad de "evitar la impunidad para aquellos que cometen actos de terrorismo".
Insta a todos los Estados a asegurar que "la condición de refugiado o asilado no sea utilizada de modo ilegítimo por los financiadores, autores, organizadores o patrocinadores de los actos terroristas".
También pide que "no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de personas requeridas por la justicia a efectos de decidir sobre su responsabilidad en actos de terrorismo".
El borrador, propuesto por Cuba, menciona el rechazo al "hecho de que el responsable del atentado terrorista a una aeronave de Cubana de Aviación en octubre de 1976", que causó la muerte a 73 personas, no haya sido enjuiciado por terrorismo, y apoya las gestiones para su extradición o para que sea llevado ante la justicia.
Ese apartado se refiere, sin mencionarlo, al anticastrista Luis Posada Carriles, cuya extradición a Estados Unidos pidió Venezuela, país que le había juzgado y encarcelado por ese atentado.
Posada Carriles huyó en 1985 de la prisión donde cumplía su condena en Venezuela y en la actualidad reside en Miami (EEUU).
En el proyecto que se presentará a la Cumbre Iberoamericana se expresa el compromiso de adoptar medidas "para prevenir, penalizar y eliminar el financiamiento y la preparación de cualquier acto terrorista y negarle refugio a los instigadores, financiadores, autores, promotores o participantes en actividades terroristas".
También, se insta a cooperar "con aquellos países en cuyo territorio o contra cuyos ciudadanos se cometan actos de terrorismo a fin de encontrar, capturar y negar refugio seguro y someter a la justicia, sobre la base del principio del enjuiciamiento o la extradición, y su propia legislación nacional, a quien apoye o facilite la financiación, planificación preparación o comisión de actos de terrorismo o la provisión de refugio seguro o participe o intente participar en esos actos".
Incluye además un llamamiento a todos los Estados que no lo hayan hecho a que reconsideren la posibilidad de formar parte, urgentemente, de todas las convenciones y protocolos relativos al terrorismo.
