El presidente paraguayo, Fernando Lugo, abrió hoy una ronda de negociaciones con los partidos representados en el Parlamento para impulsar una reforma de la justicia, aunque las dos principales formaciones de la oposición rehusaron participar.
En una reunión realizada en la residencia presidencial de Mburuvichá Roga, participaron representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), su principal aliado, del opositor Patria Querida (PPQ), así como de los minoritarios País Solidario (PPS), Democrático Progresista (PDP) y Movimiento Popular Tekojojá, los tres de izquierda y oficialistas
Sin embargo, no respondieron a la convocatoria el Partido Colorado, derrotado en los comicios generales del 20 de abril pasado tras una hegemonía de 61 años en el poder, ni la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), del general retirado y ex candidato presidencial Lino Oviedo.
Tras el encuentro, el vicepresidente, Federico Franco, se lamentó en particular de la ausencia de dirigentes del Partido Colorado.
"Necesitamos de los otros partidos", sostuvo.
Lugo había convocado el pasado martes a los líderes de las principales agrupaciones políticas para "intercambiar ideas respecto a la situación de la administración de la justicia y del Poder Judicial", según la invitación oficial.
En Paraguay, las designaciones de los miembros del Supremo parten del Consejo de la Magistratura, que eleva una terna al Senado "para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo" según la Constitución, que exige "idoneidad, méritos y aptitudes" para ejercer el cargo.
Pero en la práctica, además de estas virtudes, priman las cuotas de poder de los partidos políticos.
"Tenemos que hablar con sinceridad, si la gente cree que se puede tener una Corte (Suprema de Justicia) aséptica sin la participación de los partidos políticos no existen las condiciones", admitió el vicepresidente.
Con anterioridad, algunos ministros del tribunal Supremo, de nueve miembros, argumentaron la inamovilidad en el cargo y anunciaron que no piensan renunciar ni temen a un eventual juicio político que pueda ser promovido en su contra.
