Veinticinco años después del histórico juicio a las Juntas Militares que gobernaron Argentina durante la última dictadura, "Taty" Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo, recuerda el proceso como un "hito" que marcó el "fin de la impunidad" para "los amos de la vida y la muerte".
Lydia Miy Uranga de Almeida tiene 80 años y desde hace 35 convive con el dolor desgarrador que supone desconocer la suerte que corrió uno de sus tres hijos, Alejandro, secuestrado el 17 de junio de 1975 durante el Gobierno constitucional de Isabel Perón, tercera esposa de Juan Domingo Perón.
"Con mucho orgullo digo que Alejandro desapareció por haber asumido un compromiso político y social", asegura, en una entrevista con Efe, una de las principales figuras de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el más moderado de los dos sectores en los que se ha dividido la agrupación humanitaria.
Almeida considera que las Madres "renacieron como el Ave Fénix" tras el "golpe paralizante" que sufrieron con la desaparición de tres de sus fundadoras a finales de 1977.
Además, destaca la valentía del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) de llevar a juicio a los máximos dirigentes de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983, y dejó 30.000 desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos.
"Fue un juicio estupendo, único en el mundo, al que se llegó por la decisión política de una bellísima persona como fue Raúl Alfonsín. Las Madres pudimos decir 'al fin se hace Justicia'", señala.
Recuerda que los familiares de las víctimas se "pellizcaban" durante las audiencias porque no podían creer que los jerarcas de la dictadura "llegaran esposados" al recinto para "escuchar lo que ya sabían: las historias de horror que habían sembrado" en sus años en el poder.
Califica de "importantísima" la labor del fiscal Julio César Strassera, que dirigió la acusación contra los represores, y de "maravilloso" el día que escucharon "prisión perpetua" para los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, la condena más dura que aplicaron los jueces civiles encargados del proceso.
"Cuando se leyó la sentencia a muchas de las Madres que estaban dentro del recinto se las intentó detener por desacato. Y ahí recuerdo un momento estremecedor: alentadas por la gente, que gritaba 'Madres de la Plaza, el pueblo las abraza', ingresamos todas y logramos parar esa locura", relata.
Acomoda en su cabeza el pañuelo blanco que se ha convertido en símbolo de su lucha y admite que fue una "gran satisfacción" ver condenados a "los amos de la vida y la muerte", por quienes no vacila en decir que ha llegado a sentir "repulsión".
"Lamentablemente, Alfonsín no supo dimensionar el apoyo que tenía en el país y en el mundo, y presionado por los militares impulsó las leyes del perdón. Después otro ex presidente (Carlos Menem) nos dio otro mazazo tremendo: los indultó", recuerda desilusionada.
Alfonsín, continúa, "borró con una mano lo que había firmado con la otra" al impulsar las "leyes del perdón", como se conoce a las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), aprobadas por presiones militares y que libraron de responsabilidad a más de un millar de acusados de graves delitos.
Los juicios se reanudaron en 2003, cuando el recientemente fallecido ex presidente Néstor Kirchner impulsó la reapertura de los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto.
Almeida lamenta que "muchas de las Madres y las Abuelas" estarán muertas cuando la Justicia condene al "último de los represores", pero, con un optimismo que conmueve, subraya la valía de quienes continuarán su legado.
"Gracias a Dios los jóvenes vienen tomando la posta. Pero quiero aclarar que este proceso es paulatino porque, a pesar de los bastones y las sillas de rueda, las 'viejas locas' todavía seguimos de pie", concluye.
