MARINA**El año pasado, fuimos los únicos que nos hicimos eco de denuncias formuladas por abogados marítimos por el hecho de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había dado a una sola empresa, sin licitación, en monopolio de hecho, la facultad de

MARINA**El año pasado, fuimos los únicos que nos hicimos eco de denuncias formuladas por abogados marítimos por el hecho de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había dado a una sola empresa, sin licitación, en monopolio de hecho, la facultad de aprobar y otorgar certificados de cumplimiento del nuevo código de seguridad naval contra el terrorismo denominado ISPS, a razón de B/.2 mil por cada uno de los 6,500 barcos de la flota mercante nacional.
NEGOCIO**Calculamos que se trataba de un negocio de B/.13 millones, cobrable periódicamente, dependiendo de las renovaciones. Nada de mal para una modesta y poco conocida empresa que anunciaba sus servicios desde una oficinita en Costa Rica. Las grandes empresas, algunas como la Lloyds de Londres, con siglos de experiencia en el ramo marítimo, fueron ignoradas. Sólo se les permitió encargarse de verificar la aplicación de los sistemas, previo a su aprobación.
PELIGRO**Temíamos que otras banderas cobraran menos y permitieran que más compañías dieran y agilizaran el servicio. Y descubrimos que Liberia cobraba para sí los millones que alegremente la AMP asignó con su monopolio a la tica. Su directora, Bertilda García, nos acusó de desinformar y, ante el mutismo de los abogados del ramo, aguardamos pacientes el dictamen del tiempo. Ahora resucitan los abogados, dándonos la razón. Pero ya es tarde. Que aguarden al próximo gobierno.