El asesinato de un familiar o allegado está en el primer lugar, con 113.338 casos, de las solicitudes de reparación por vía administrativa presentadas al Gobierno colombiano por las víctimas del conflicto armado interno, revelaron hoy fuentes del Ejecutivo.
En el segundo lugar aparece la desaparición forzada, con 19.219 peticiones, según un informe divulgado por la Agencia Presidencial para la Acción Social (Acción Social), dependencia responsable de la asistencia a las personas afectadas por la confrontación interna.
Acción Social destacó que hasta el miércoles recibió 181.360 formularios de víctimas que buscan una reparación por vía administrativa, alternativa que evita las reclamaciones basadas en sentencias judiciales, que pueden tardar años.
Tras el asesinato y la desaparición forzada aparecen el desplazamiento forzado (7.856 solicitudes), las lesiones con incapacidad (5.463), el secuestro (5.426), la tortura (4.971), las lesiones que no causaron incapacidad (4.209) y aquellas contra la integridad sexual (977).
Otras 14.747 peticiones se corresponden con reclamaciones por más de un delito, precisó Acción Social, cuyo informe es el primero que se ofrece sobre las solicitudes de reparación de víctimas de los grupos guerrilleros y de paramilitares implicados en el conflicto.
Según el mismo estudio, 160.114 de las peticiones son de hombres y las otras 21.246 de mujeres.
Asimismo, 28.864 del total de reclamaciones son de personas que no tienen documento de ciudadanía y 8.877 de víctimas que se identifican con el registro civil de nacimiento.
El Gobierno colombiano adoptó esta alternativa de reparación mediante un decreto expedido en abril de 2008 y estableció el 22 de abril de 2010 como plazo final para que las víctimas presenten sus solicitudes.
La recepción de peticiones comenzó el 15 de agosto del año pasado.
Según los cálculos oficiales, el programa de reparación por vía administrativa podrá alcanzar a unos 2,4 millones de víctimas, 2,2 millones de ellas por desplazamiento forzado.
El Ejecutivo calcula su coste en unos 4.000 millones de dólares y cada una de las víctimas recibirá de unos 6.000 a cerca de 9.000 dólares, según la gravedad del delito.
