Unas 150.450 víctimas de los grupos armados ilegales de Colombia gestionan su derecho a la reparación por la vía administrativa abierta hace tres meses por el Gobierno, informaron hoy fuentes del Ejecutivo en Bogotá.
Esa cifra corresponde a las "radicaciones de solicitudes" que ha recibido el Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, del que es responsable la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
La dependencia destacó en una nota de prensa que las peticiones han sido presentadas desde el pasado 15 de agosto, cuando entró en vigor un decreto sobre reparación por vía administrativa promulgado en abril por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
La norma es alternativa a la reparación por mandato judicial, que puede tomar años, y tiene como fin agilizar las compensaciones a las víctimas de los grupos guerrilleros y paramilitares del país.
Los responsables de la iniciativa recordaron que las víctimas tienen plazo hasta el 22 de abril de 2010 para presentar sus peticiones, cuyo estudio compete al llamado Comité de Reparaciones Administrativas.
Esta comisión oficial debe resolver cada caso en un lapso no mayor a los 18 meses, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, recordó Acción Social.
La dependencia destacó que el mayor número de peticiones (55.470) ha sido presentado en Antioquia, departamento del noroeste del país.
De ese número, 9.664 proceden de la región agroindustrial bananera de Urabá, ubicada en Antioquia, lo que la convierte en el segundo origen de solicitudes de reparación en el ámbito nacional.
La reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano es uno de los tres principios de la llamada Ley de Justicia y Paz, promovida por el Ejecutivo para la reinserción de ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares.
Los otros principios son los de la verdad y la justicia.
