La congresista opositora colombiana Piedad Córdoba, mediadora ante las FARC para la liberación de rehenes, aseguró hoy que la investigación que abrió la Procuraduría por sus presuntos nexos con esa guerrilla es un "montaje" y descalificó las pruebas que dice tener ese despacho.
"Estoy absolutamente convencida que eso es un montaje. Lo que sí veo es una es una estrategia muy fuerte de desprestigio, pero ni me voy a exiliar, ni me voy a esconder. Voy a dar la cara", afirmó la senadora.
El Ministerio Público les abrió una investigación disciplinaria a Córdoba y a los también legisladores de la oposición Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja por supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la Procuraduría, sus investigadores encontraron pruebas tras revisar los computadores y memorias digitales incautados en la operación en la que el 1 de marzo de 2008 el Ejército colombiano abatió en un bombardeo, en territorio ecuatoriano, a Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", número dos de esa guerrilla.
"No creo en los computadores", sostuvo la legisladora, quien agregó que no entiende cómo la Procuraduría tiene pruebas de supuestos correos entre ella y "Raúl Reyes" que ella misma ni siquiera conoce.
"Eso es consecuencia de un plan para poner a la gente contra mí, que digan que me tienen que meter a la cárcel o si no la matamos o si no que la maten", advirtió.
La legisladora se pronunció sobre la investigación en su contra a su llegada de Estados Unidos, donde estuvo varios días para reunirse con los jefes paramilitares que se encuentran presos en ese país.
"Espero que sea un juicio jurídico objetivo, con todas las garantías y sin montajes", dijo tras advertir que espera que no se trate de un juicio por no haber apoyado el nombramiento del procurador general, Alejandro Ordóñez, o porque sus posiciones políticas "en búsqueda de la reconciliación y la paz incomoden a unos sectores".
Agregó también que en la reunión que sostuvo en Estados Unidos con jefes paramilitares, como Salvatore Mancuso, éstos le confirmaron que esos escuadrones siguen funcionando en Colombia a pesar de una negociación que hizo el Gobierno del presidente Álvaro Uribe para desmovilizar a más de 31.000 combatientes ilegales.
"Su funcionamiento lo entendí muy bien con lo que ellos me explicaron y eso es lo que hay que enfrentar para que se acabe el conflicto y que no sólo sea satanizando a los que pensamos distinto en el país", afirmó.
La Procuraduría explicó ayer que su decisión de iniciar una investigación a los tres congresistas se dio después de una visita especial al proceso penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra estos tres congresistas.
El Ministerio Público también pidió a la Fiscalía el traslado de pruebas en manos de este organismo, entre las que figuran "el documento (...) que contiene la información recolectada en el operativo en el que se dio de baja (se abatió) a alias 'Raúl Reyes'".
La semana pasada, el procurador Ordóñez anticipó que su despacho también abriría una "indagación preliminar" al congresista Jorge Robledo y al concejal de Bogotá Jaime Caycedo, los dos del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), igualmente, por presuntos nexos con las FARC.
