La ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, exigió hoy el cese de una protesta en la cárcel de Uribana, en el céntrico estado de Lara, donde 1.500 familiares de presos permanecen "secuestrados" después de que el domingo se negaran a salir tras la jornada de visita.
La ministra denunció en declaraciones a periodistas que en el conflicto de esa prisión, en el céntrico estado Lara, "está metida la mano" del gobernador regional, el opositor Henry Falcón, quien, dijo, aúpa "el secuestro" de esos familiares de reclusos y afirmó que no está "chupándose el dedo" ante la crisis carcelaria.
"Yo voy a ir (a Uribana), pero mientras mantengan a sus propios familiares privados de libertad, cometiendo un delito, yo no voy a ir; entiendan que aquí hay una autoridad que no está jugando sino que está tratando de que las cosas se resuelvan", dijo.
"Nosotros no andamos chupándonos el dedo" y "sabemos que hay intereses políticos" en esa y otras protestas, dijo la ministra, al señalar que se sabe que su ministerio está tratando de dar respuesta a ese problema, por lo que no se entiende que no les dejen hacer su trabajo.
Una actitud así solo se explica en quienes están "ciegos, sordos, tapados y pegados" a las emisoras de televisión privadas, y pidió que permitan al ministerio hacer su trabajo y no dejarse manipular por intereses politiqueros.
El director del organismo no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, dijo a Efe que 1.500 familiares, entre ellos 1.300 mujeres, se niegan a abandonar las celdas de sus parientes presos en Uribana en rechazo al denominado retraso procesal.
Chávez creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario el pasado 26 de julio, inmediatamente después de la crisis más larga y masiva del sistema carcelario nacional en un complejo carcelario cercano a Caracas, donde durante casi un mes un millar de presos resistió con el uso de armas de fuego a un masivo cerco militar.
El Gobierno trata de poner así fin a la crisis provocada por el hacinamiento y el retraso procesal en las 34 cárceles del sistema penitenciario, que con una capacidad para unos 14.500 presos albergan a 44.520, y son escenario de continuos enfrentamientos entre bandas y todo tipo de delitos.
El OVP reportó 476 muertes y 958 heridos en las cárceles del país durante 2010.
