El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió hoy la ley "de transición" que le permitirá nombrar, de forma interina, a autoridades judiciales y aseguró que la independencia de poderes está garantizada en el país.
La oposición, por su parte, ha rechazado la norma por "inconstitucional".
"Aquí hay independencia de poderes, pero es obligación coordinar entre los poderes del Estado. Una cosa es la coordinación y otra el control. Habrá coordinación" aseguró Morales en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz.
La polémica ley, que previsiblemente quedará aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa (de mayoría oficialista), permitirá a Morales designar de forma interina a magistrados para cubrir las numerosas vacantes existentes en el Poder Judicial boliviano, aquejado de una grave crisis institucional en los últimos años.
Esta norma tendría carácter transitorio hasta que, el próximo 5 de diciembre, se celebren las elecciones mediante sufragio universal para designar autoridades judiciales, tal y como lo recoge la actual Constitución del país en vigor desde hace un año.
La mayoría de las bajas existentes en los principales órganos judiciales son consecuencia de las sucesivas renuncias de magistrados ante acusaciones y demandas contra ellos presentadas por el partido y el Gobierno de Morales en los últimos cuatro años.
El caso más grave es el del Tribunal Constitucional (TC), que cesó sus funciones el 26 de mayo de 2009 con la dimisión de su última magistrada. Además, en el Consejo de la Judicatura solo queda un juez de cinco titulares y en la Corte Suprema hay seis vacantes de doce puestos.
El presidente defendió que en su Gobierno "como nunca antes hay independencia de poderes" y declaró su "compromiso de hacer una profunda transformación del órgano judicial", lo que, a su juicio, requerirá de tiempo.
En este sentido, Morales dijo que en la anterior legislatura se intentaron cubrir las vacantes de la justicia, pero las propuestas fueron bloqueadas por la oposición.
Recordó que con la nueva Constitución, aprobada en enero de 2009, "el pueblo por primera vez va a elegir en Latinoamérica a sus magistrados y a su TC".
El mandatario señaló que la ley para nombrar magistrados que se debate en la Asamblea Legislativa es "de necesidad" y será "de transición" hasta que se elijan las nuevas autoridades según la nueva fórmula constitucional, lo que, a su juicio, requerirá al menos el plazo de un año.
"Esa ley nos permitirá que la justicia no se paralice mientras la Asamblea Legislativa pueda cumplir con las normas que exige la nueva Constitución", explicó Morales, quien dijo no saber todavía cuál será el sistema para escoger a las personas más idóneas para ocupar esos cargos.
Estas declaraciones se producen un día después de que líderes cívicos de las regiones de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz hayan rechazado esta ley que permite que el presidente designe autoridades judiciales porque consideran que viola la independencia de poderes.
"No queremos totalitarismo, comunismo ni hegemonía absoluta de poderes en una sola persona como es el presidente Evo Morales; se tomarán todas las medidas necesarias para mantener la paz y la unidad", señaló el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez.
Por su parte, Tomás Monasterios, diputado del opositor Plan Progreso para Bolivia-Concertación Nacional, anunció que si el oficialismo promulga la norma, presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley que, a su juicio, viola la actual Carta Magna.
El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia también alertó esta semana de que esta ley amenaza la independencia de poderes y viola el artículo 12 de la Constitución al permitir que el órgano Legislativo delegue sus facultades al Ejecutivo para la designación de autoridades judiciales transitorias.
La conocida en Bolivia como "Ley Corta" está aprobada por la Cámara de Diputados y está pendiente de su visto bueno en el Senado para la posterior promulgación.
