El Gobierno de Uruguay anunció hoy que revocará todos los actos administrativos de gestiones anteriores que frenaron unos ochenta juicios de la dictadura (1973-1985), el mismo día en que se cumplen 38 años del golpe de Estado y un mes después de que fracasara el intento oficialista de anular la Ley de Caducidad.
La medida, que se concretará mediante un decreto, fue anunciada por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, y justificada "por razones de ilegitimidad" de las decisiones tomadas en el pasado por los presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005).
La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir si un caso está amparado por esa normativa, que impide enjuiciar a militares y policías acusados de crímenes cometidos durante el régimen dictatorial.
Sanguinetti, Lacalle y Batlle consideraron que todas las causas que llegaron a sus manos sí lo estaban y por tanto debían ser archivadas, pero Mujica y su inmediato antecesor, Tabaré Vázquez (2005-2010), reabrieron en cambio varios procesos al opinar lo contrario.
En defensa del decreto presidencial, Breccia explicó este lunes que "cuando la revocación es por razones de ilegitimidad", sus efectos "se proyectan hacia el pasado", y aclaró que con su postura el Gobierno no está violando la separación de poderes.
"No estamos ingresando para nada en la competencia que el Poder Judicial va a tener de disponer o no del desarchivo de esos casos por considerar que existe o no en cada uno de esos casos cosa juzgada", argumentó.
El decreto, agregó, se firmará el jueves o viernes próximos para dar tiempo a todos los familiares de las víctimas a que decidan si quieren beneficiarse de la medida.
El funcionario explicó también que la iniciativa es solamente una comunicación al Poder Judicial y que con ella el Gobierno pretende suplir las carencias denunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la sentencia con la que el 24 de marzo pasado condenó al Estado uruguayo.
En aquel dictamen, la CorteIDH responsabilizó a Uruguay de la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de la supresión de identidad de la hija de esta, Macarena Gelman.
Además, instó al Estado uruguayo a "tomar las medidas necesarias" para que la Ley de Caducidad "deje de representar un obstáculo para la investigación" de las causas.
Como complemento del decreto, el Gobierno ha cursado solicitudes al Ministerio de Defensa Nacional y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que un equipo de historiadores que participan en la Comisión de Seguimiento del asunto de los derechos humanos acceda a diversos archivos vitales.
Entre ellos, las fichas clínicas de las Fuerzas Armadas y las fichas judiciales que guarda la SCJ sobre la cuestión.
Además, las autoridades trabajan en la "posibilidad de completar el banco de datos genético, que todavía está incompleto, de los familiares de las víctimas" para contrastarlo con el ADN de los restos de desaparecidos que se puedan encontrar, agregó Breccia.
La primera reacción a la medida fue de la agrupación Hijos Uruguay, compuesta por descendientes de las víctimas, que agradeció el gesto de Mujica, aunque sostuvo que solamente es un aporte más a su lucha.
"Me parece muy importante que sea un acto genérico en el que no esperemos de la familia la iniciativa y que el Estado asuma su responsabilidad", dijo a la prensa el portavoz de la organización, Valentín Enseñat, en la sede presidencial, donde minutos antes Breccia había realizado el anuncio.
Se da la circunstancia de que Hijos Uruguay había acudido allí precisamente para reclamar lo que comunicó hoy el Ejecutivo, explicó Enseñat, cuyo padre, el activista Miguel Angel Ríos Casa, está desaparecido desde 1977, año en que fue secuestrado en Buenos Aires.
Mujica ya deshizo por decreto un acto administrativo de Sanguinetti el 13 de mayo pasado, concretamente para reabrir una causa por la muerte de Álvaro Balbi en la dictadura (1973-1985).
El intento del gobernante se produjo en mitad de la discusión de un proyecto de anulación de la Ley de Caducidad en el Parlamento, que finalmente fracasó por la negativa a respaldarlo de un diputado oficialista cuyo voto resultaba indispensable para que el FA lograra la mayoría.
Raúl Cortés
