El presidente de Uruguay, José Mujica, se mostró "preocupado" por la decisión del Parlamento de invalidar la ley que perdonó los crímenes de los militares y policías durante la dictadura (1973-1985) y advirtió que la medida "tensiona todo".
"La verdad es que estoy preocupado por esta situación que, aunque previsible, tensiona todo", afirmó el mandatario en declaraciones exclusivas al semanario Búsqueda, que las publica este jueves.
El gobernante y exguerrillero reiteró que no va a vetar la ley porque su responsabilidad, "como titular del Poder Ejecutivo, es bancar (soportar) todo".
Sin embargo, también advirtió que "los abogados se van a hacer una fiesta por cuanto habrá reclamos cruzados de todo tipo", en alusión a los posibles recursos de inconstitucionalidad contra la iniciativa aprobada el miércoles en el Senado.
El proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad, que había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados en noviembre pasado, fue ratificado con los únicos votos de la mayoría oficialista y pese a que tres senadores de la coalición de izquierdas gobernante, el Frente Amplio (FA), se opusieron a él.
Uno de ellos, Jorga Saravia, fue expulsado de la agrupación antes de votar en contra; otro, el exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa, dejó que sufragara su suplente, y un tercero, el exguerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, votó a favor "por disciplina partidaria" pero renunció a su escaño.
Fernández Huidobro y Mujica fundaron en el pasado la guerrilla de los tupamaros, que combatió Gobiernos constitucionales y la dictadura en los sesenta y setenta del siglo pasado.
Además de renunciar, el senador consideró que la iniciativa del FA es "un error irreparable" y sugirió que incluso podría violar los derechos humanos.
"Van a llover demandas por inconstitucionalidad y, como es inconstitucional, creo que la gente se va a defraudar y va a haber una gran frustración", afirmó a la prensa.
Otra de las reflexiones de Mujica a Búsqueda se refiere precisamente a la situación en que queda la justicia ahora.
Aunque el mandatario dijo tener "mucha confianza" en los jueces, remarcó también que su "principal preocupación" es que su labor permanezca "lo más libre posible de presiones".
Uno de los principales argumentos contra el proyecto que invalida la Ley de Caducidad es que supuestamente el Parlamento no tiene atribuciones para dejarla sin efecto, solamente para derogarla, una medida que no tiene carácter retroactivo y que por tanto no permitiría revisar las viejas causas contra los responsables de la represión.
El FA también ha sido acusado por la oposición de no respetar la voluntad popular, pues la también llamada "Ley de Impunidad" fue aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y en 2009, en este último caso ya con la izquierda en el poder.
La decisión final puede quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia, cuyo veredicto es una incógnita, porque en el último año y medio declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para tres casos distintos.
