El presidente de Uruguay, José Mujica, anuló una decisión del exmandatario Julio María Sanguinetti lo que permitirá reabrir una causa por la desaparición de Álvaro Balbi en la dictadura (1973-1985), al no incluir ese caso dentro de la Ley de Caducidad, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.
"A última hora de la tarde del jueves, Mujica firmó una resolución que deja sin efecto una anterior del expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000)", según la cual el caso del militante comunista Balbi quedaba amparado por la Ley de Caducidad, que dejó impunes los crímenes cometidos por militares y policía en el Gobierno de facto, según las fuentes.
La medida asumida por Mujica es defendida por el Ejecutivo como una alternativa a un controvertido proyecto parlamentario del partido oficialista (el izquierdista Frente Amplio) que pretende anular esa ley de amnistía, lo que vulnera la opinión ciudadana expresada en dos referendos (1989 y 1989).
Según un comunicado difundido por la Presidencia uruguaya, la resolución firmada por el gobernante el jueves "se fundamenta" en la sentencia dictada el 24 de marzo pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Uruguay.
El tribunal internacional condenó al país sudamericano por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman.
En ese fallo, la Corte IDH insta al Estado uruguayo a "tomar las medidas necesarias para que la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación de casos de desaparición forzada de personas y para la identificación y, si procede, la sanción de los responsables", recuerda la nota de Presidencia.
Balbi murió el 31 de julio de 1975 en las instalaciones de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía uruguaya, dos días después de ser detenido por los órganos represores del Gobierno de facto.
Tras el restablecimiento de la democracia, su esposa, Lille Caruso, presentó el 26 de octubre de 1985 una denuncia por "crimen con intencionalidad" ante el Juzgado Penal de Séptimo Turno pero la investigación del caso no prosperó por la decisión de Sanguinetti.
En el momento de su muerte, Balbi contaba 31 años de edad y tenía cuatro hijos de nueve, ocho, seis, y cinco años.
El Gobierno militar comunicó a la familia de la víctima que la muerte del militante comunista se debió "a un accidente".
Sin embargo, la autopsia practicada por tres médicos del Instituto Médico Forense determinó una "anoxia aguda" (falta de oxígeno), por lo que los familiares aseguran que Balbi fue sometido a la tortura conocida como el "submarino", consistente en sumergir en agua al reo durante varios minutos.
Durante el régimen militar, el Partido Comunista de Uruguay (PCU) fue declarado ilegal y varios de sus principales dirigentes y militantes resultaron detenidos y encarcelados o debieron exiliarse.
El Frente Amplio se reúne este sábado para decidir si sigue adelante con el trámite parlamentario para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, a pesar de que Mujica es contrario a la medida y de que la mayoría de juristas consultados consideran que es inconstitucional.
