Dentro de estas cifras se encuentran más de 350 mil panameños que se dedican al trabajo informal, en las categorías de trabajador por cuenta propia, empleado doméstico o trabajador informal.
Según datos presentados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Brasilia, a ellos se suman otros 23 millones de latinoamericanos desempleados, con lo que el déficit de "trabajo decente" afecta al 53% de la mano de obra de la región.
Somavía ofreció esos datos en una rueda de prensa en la que presentó los temas que se debatirán en la XVI Reunión Regional de la OIT.
El director de la OIT subrayó que esas cifras empeoran cada año y que, actualmente, seis de cada diez empleos que se crean en la región se inscriben dentro de la llamada economía informal.
Para ponerle freno a esto, la OIT presentará en Brasilia lo que bautizó como "Agenda Hemisférica para el Trabajo Decente", un compendio de análisis y recomendaciones dirigido a mejorar durante los próximos diez años la calidad del empleo.
Según cálculos de la OIT, el déficit de trabajo formal afectará para 2015 a 158 millones de latinoamericanos y la única forma de impedirlo es comenzar a actuar ya, afirmó Somavía.
Además de la informalidad en el empleo, la realidad laboral en América Latina es crítica en otros apartados, como la situación de la mujer y los jóvenes.
De acuerdo a la OIT, la tasa de desempleo entre las mujeres es un 40 por ciento más alta que entre los hombres y los salarios que ellas reciben son el 66 por ciento más bajos.
Los jóvenes de entre 15 y 24 años, por su parte, constituyen un 42 por ciento de la gran masa de desempleados.
Según Somavía, los resultados de los últimos años han demostrado que no basta el crecimiento económico para generar empleos y mucho menos para que esas plazas garanticen a los trabajadores "el sueño de una jubilación digna".
En ese sentido, explicó que la intención de la OIT es difundir el concepto de "trabajo decente", incorporado por este organismo a la agenda internacional, y que apunta a mejorar la calidad del empleo, con salarios que permitan una vida digna y tengan las debidas garantías de seguridad social.
