Los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva alegaron hoy que el ex jefe de Estado necesita de fuero privilegiado para poder desempeñarse de forma independiente como ministro de la Presidencia y no para huir de las investigaciones por corrupción en su contra.
El argumento consta en un documento enviado este miércoles por los defensores del exmandatario a la corte suprema y en el que rebaten el parecer en el que el fiscal general de Brasil, Rodrigo
Janot, propuso el lunes que el nombramiento de Lula como ministro sea mantenido pero sin el fuero privilegiado que le blinda ante los tribunales comunes.
El nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia fue suspendido de forma cautelar en función de la decisión de un juez del Supremo, aunque el pleno de esta corte tendrá la última palabra sobre el caso.
El magistrado que suspendió el nombramiento, Gilmar Mendes, consideró que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, le ofreció el cargo a Lula con la intención de obstruir la justicia, puesto que el expresidente es investigado por lavado de dinero y falsificación en un caso relacionado con la corrupción en Petrobras.
En su parecer, el Fiscal le pide a la corte suprema que confirme el nombramiento de Lula pero que mantenga las investigaciones contra el exgobernante en manos del juez decimotercero federal de Curitiba, Sergio Moro, responsable por la investigación de las corruptelas en la petrolera estatal.
Ello debido a que, en su condición de ministro y con fuero privilegiado, cualquier acción judicial contra el expresidente quedaría en manos de la corte suprema.
Los abogados de Lula alegan, por su parte, que el objetivo del fuero especial no es concederle un privilegio al expresidente o blindarlo, sino "garantizarle la independencia de actuación" como ministro.
"La prerrogativa de foro, lejos de representar un privilegio del ocupante del cargo, es consecuente de la naturaleza política de la función y tiene como objetivo garantizar independencia para cargos importantes de la República. La diferenciación de tratamiento entre agentes políticos se justifica en virtud del interés público evidente", según el documento remitido al tribunal.
Los abogados afirman igualmente que constitucionalmente es "incompatible" que Lula ejerza el ministerio más influyente del Gabinete sin estar aforado.
"Nada justifica la excepcionalidad propuesta por el Fiscal, que contradice el texto constitucional y un concepto garantizado en la jurisprudencia de esa corte (Tribunal Superior) hace más de un siglo", según el documento enviado por los abogados a la corte suprema.
Los defensores también alegan que el juez Moro no es competente para juzgar las acusaciones contra Lula debido a que las mismas no tienen relación con los desvíos de recursos de Petrobras.
