El Ministerio de Defensa abrió investigaciones contra 10 generales señalados de sublevarse contra el gobierno del presidente Hugo Chávez durante el fallido golpe de Estado de abril.
Los procesos iniciados contra los altos oficiales han reanimado las tensiones dentro de la fuerza armada donde persisten los rumores de descontento hacia el gobierno de Chávez, quien enfrenta en la actualidad una severa crisis política y económica.
El abogado defensor Gustavo Parilli acudió ayer al Tribunal Supremo de Justicia para pedir que se acelere la decisión sobre la solicitud de amparo a favor de su cliente, el general del Ejército Manuel Rosendo, y suspender la investigación en su contra.
Parilli expresó que a Rosendo, al igual que a los otros nueve generales, se les está vulnerando sus derechos constitucionales debido a que se les inició una investigación sin someterlos con antelación a un antejuicio de mérito ante el máximo tribunal.
Otro de los abogados de los militares rebeldes, René Buroz Arismendi, denunció que Chávez ordenó la apertura de investigaciones contra 300 oficiales para agilizar sus expulsiones de la fuerza armada.
Buroz dijo a la emisora Unión Radio que los consejos de investigación representan un desacato"" a la decisión que emitió el mes pasado el Tribunal Supremo, que ratificó el precepto constitucional que otorga inmunidad a los generales, vicealmirantes y contralmirantes, y obliga a someterlos a antejuicios antes de procesarlos.
El máximo tribunal absolvió el mes pasado a cuatro altos oficiales acusados de promover la intentona golpista del pasado 11 de abril.
La decisión desató violentas protestas callejeras en Caracas por parte de manifestantes oficiales quienes exigieron castigo para los cuatro militares.
El presidente Chávez hizo fuertes cuestionamientos contra la decisión del Tribunal Supremo y ordenó a los diputados oficialistas, que controlan 52% del congreso, que abrieran investigaciones contra los magistrados para lograr su destitución.
