El primer ministro iraquí Iyad Alaui recibió ayer plenos poderes en materia de seguridad para intentar acabar con la violencia que ensangrienta el país, mediante un decreto que le permite imponer el toque de queda, detener a sospechosos y prohibir asociaciones.
El gobierno interino, que recibió el poder de la coalición hace nueve días, justificó este texto por las "circunstancias que atraviesa Irak y la necesidad de contrarrestar el terrorismo y a los forajidos".
Subrayó también, en el último artículo del decreto al que tuvo acceso la AFP, que "está decidido a proteger a los ciudadanos (...) garantizar los derechos cívicos y políticos y preparar las condiciones de seguridad apropiadas para celebrar elecciones libres y democráticas".
De hecho, Alaui puede desde ayer, de acuerdo con el jefe de Estado y sus dos vicepresidentes, promulgar "una ley de urgencia en cualquier zona" del país si considera que la seguridad está amenazada allí.
Puede mantenerla 60 días y prolongarla por un período de 30 días con una carta acompañada de un documento de la misma naturaleza del consejo presidencial de tres miembros.
En el momento en que el gobierno interino iraquí anunciaba un decreto "sobre la seguridad nacional" destinado a luchar contra la violencia que ensangrienta al país, la guerrilla libró su mayor combate callejero en Bagdad, disparando desde edificios contra los guardias nacionales iraquíes que habían instalado un cordón policial en un barrio conocido por apoyar al derrocado presidente Saddam Hussein.
Los combates, excepcionalmente violentos duraron más de cuatro horas. La calle se convirtió en un campo de batalla bajo el ruido de las explosiones y de tiros con armas automáticas que disparaban los combatientes.Un duro trabajo para los niños salvadoreñosA10ppp Iyad Alaui anuncia la ley de Seguridad Nacional.
El operativo incluyó allanamientos en apartamentos y casas ubicadas en diferentes puntos de la capital.
En la conferencia estuvieron presentes todos los directores de los organismos de seguridad del Estado, además de la directora del Sistema Penitenciario, Concepción Corro, quien aseguró que las cárceles panameñas no están preparadas para recibir internos condenados a cadena perpetua.
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