El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y afirmó que el proceso que puede acabar con su destitución es de carácter "político", carece de "certezas" jurídicas y siembra "dudas" en el organismo.
Almagro fue recibido por Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto, al mismo tiempo que, en la vecina sede del Parlamento, el pleno de la Cámara de Diputados celebraba la primera de tres sesiones en las que definirá si el proceso llega a la instancia definitiva del Senado.
"Expresamos nuestras dudas y preocupación", porque "hemos tenido siempre a Brasil como un país que es un ejemplo de legalidad" en el continente, declaró Almagro a periodistas después de una reunión con Rousseff que duró cerca de una hora y media.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) explicó que las "dudas" del organismo pasan por los planes "ético, político y jurídico".
En el primer caso, indicó que "llama mucho la atención que la presidenta es una persona sobre quien no recae ninguna acusación penal, pero entre quienes la van a juzgar hay personas acusadas y hasta imputadas".
Aunque no lo aclaró, pareció aludir a parlamentarios sospechosos de haber incurrido en actos de corrupción e incluso al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, procesado en la Corte Suprema por su presunta participación en los escándalos de la estatal Petrobras.
En lo político, sostuvo que "las mayorías circunstanciales en los parlamentos no resuelven los problemas y las crisis" de los países, en referencia al bloque que parece conformarse en la Cámara Baja en favor de que se instaure un juicio político contra Rousseff.
En ese marco, también subrayó que "no existe una acusación de carácter penal contra la presidenta, sino que se le acusa de mala gestión de las cuentas públicas".
En ese aspecto, indicó que se trata de "una acusación de carácter político", que consideró "insuficiente" para llegar a un proceso de destitución en un régimen presidencialista.
Almagro, excanciller de Uruguay, indicó que las dudas de la OEA se extienden también al terreno político y se apoyan en informes recibidos por ese organismo "en los que se concluye que no hay certezas jurídicas con relación a las acusaciones" contra Rousseff.
Las acusaciones contra Rousseff señalan que incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Sin embargo, el Gobierno rechaza esos cargos y solo admite que pudiera haber cometido alguna "falta" de tipo administrativo.
Maratón
- La Cámara de Diputados de Brasil abrió un maratón de debates que se prolongará tres días y desembocará en la votación clave del domingo, en la que se decidirá si el proceso con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff avanza al Senado.
- Al inicio de esta sesión, la primera de las tres en las que se decidirá la suerte de Rousseff en la Cámara baja, se pronunciaron los juristas que elaboraron el pedido de destitución, que se cimenta en unas maniobras contables supuestamente irregulares, y el abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, que defendió a la mandataria.
- El jurista Miguel Reale Júnior sostuvo que esas maniobras contables llevaron a Brasil a la "quiebra" y "destruyeron la economía del país".
- El abogado del Estado reiteró el argumento de que no existe "mala fe" en esas maniobras.
