Bolivia declara personas no gratas a diplomáticos de México y España

El Gobierno interino de Bolivia declaró este lunes personas no gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, y a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, junto a un grupo de funcionarios, a los que se dio 72 horas para dejar el país tras un reciente incidente.

"Este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia", aseguró la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en una comparecencia en Palacio de Gobierno de la Paz.

La medida llega después de que Bolivia denunciara el viernes que funcionarios de la Embajada española acudieron acompañados de "encapuchados" a la residencia de Mercado, que acoge a algunos antiguos ministros de la etapa del expresidente Evo Morales procesados por acusaciones como terrorismo.

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DECLARADOS PERSONAS NO GRATAS

Durante la lectura de un comunicado en el Palacio de Gobierno de La Paz, Áñez anunció que ha decidido "declarar persona no grata" a la embajadora Mercado además de señalar a los demás diplomáticos españoles y pedirles que dejen Bolivia "en un plazo de 72 horas".

Áñez sostuvo que Bolivia "no es colonia de nadie" y pidió respeto al proceso que derivó en la recuperación de la democracia "después de 14 años de dictadura", en referencia al tiempo en que Evo Morales se mantuvo en el Gobierno.

Hemos aplicado la Convención de Viena, ante los hechos sucedidos en días pasados en la Embajada de Mexico y declaramos personas no gratas a la Embajadora de de México, a la Encargada de Negocios de España y al Cónsul de dicho país. pic.twitter.com/LffQHo5tOW— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) December 30, 2019
 

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NO ES UN ROMPIMIENTO CON MÉXICO Y ESPAÑA

Tras el anuncio de Áñez, la ministra interina de Exteriores, Karen Longaric, declaró a los medios que la determinación del Gobierno boliviano "no implica la ruptura de las relaciones diplomáticas" ni con México ni España.

Por el contrario, se trata de una exigencia de Bolivia para que esos Gobiernos acrediten a nuevos funcionarios que sustituyan a aquellos que "violaron la soberanía e irrespetaron las normas bolivianas", mencionó.

Longaric precisó que no existía "ninguna otra posibilidad sino la de aplicar la Convención de Viena y pedir que se los retire del territorio boliviano", refiriéndose a los diplomáticos señalados.
 

Continúa la Vigilancia sobre la Residencia de México en Bolivia. pic.twitter.com/HD89fGBTBB

EmbdeMéxicoenBolivia (@EmbaMexBol) December 28, 2019
 

EL INCIDENTE

El Gobierno boliviano acusó el pasado viernes a la Embajada de España en La Paz de cometer "atropellos" a su soberanía por el incidente en el que al parecer funcionarios de esa delegación diplomática iban en vehículos oficiales "encapuchados" y "presumiblemente armados".

El Ejecutivo interino aseguró entonces que intentaron ingresar de forma "clandestina" a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, que alberga alrededor de una decena de exautoridades de Evo Morales.

Cuatro de esas exautoridades tienen órdenes de aprehensión, ya que el Gobierno interino de Jeanine Áñez los acusó por distintos delitos como terrorismo.

El suceso fue interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a los exministros Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca y Javier Zavaleta, quienes junto a otros exfuncionarios aguardan un salvoconducto que les permita acogerse al asilo en México.
 

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Longaric reveló que ni España ni la canciller de ese país, Margarita Robles, tenían conocimiento de la acción de los diplomáticos españoles en Bolivia, refiriéndose a una conversación que tuvo el fin de semana con su homóloga.

La vigilancia policial en las dependencias de la embajada y la residencia mexicanas continúa, una acción que ha sido calificada por las autoridades de México como un "asedio".

El Gobierno transitorio boliviano ha justificado esa acción con base en pedidos de la Embajada de México para redoblar la vigilancia y tras considerar el riesgo de una protesta social para retirar por la fuerza a algunos funcionarios del Gobierno de Morales.