Diputados del peronismo oficialista acordaron ayer elaborar un proyecto de ley para declarar nulos las leyes exculpatorias y los indultos que favorecieron a los jerarcas de la última dictadura militar acusados de violaciones a los derechos humanos.
Así lo informó a la prensa el diputado José María Díaz Bancalari, presidente del bloque peronista, la fuerza mayoritaria en el Congreso. El legislador explicó que la medida apunta a dejar sin efecto el armazón legal que frenó la condena a los ex militares.
En 1990 el entonces presidente Carlos Menem firmó los indultos para los cabecillas de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983 con un saldo de 30,000 desaparecidos. La media favoreció entre otros al ex presidente, general Jorge Videla, y al ex almirante Emilio Massera, quienes habían sido condenados en 1985.
Mientras tanto, el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla y el ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército Guillermo Suárez Mason se presentaron ayer ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de las detenciones solicitadas por la justicia española con fines de extradición.
Canicoba Corral realizó las llamadas "audiencia de conocimiento" con seis de los siete ex represores que había citado, ya que el almirante Emilio Eduardo Massera no concurrió por razones de salud, de acuerdo a lo argumentado por escrito por sus abogados.
En la audiencia fueron informados del pedido de detención del juez español Baltasar Garzón y de los delitos que se le imputan, que son "tortura y genocidio", cometidos durante la dictadura (1976/83). Por otra parte, la justicia liberó ayer al ex capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Christian Von Wernich, detenido tras negarse a declarar en un juicio que busca establecer el destino de cientos de desaparecidos durante la dictadura militar.
Von Wernich, acusado de haber participado en violaciones a los derechos humanos y de conocer el paradero de al menos un hijo de desaparecidos, había quedado bajo arresto el miércoles tras negarse a declarar amparándose en un artículo de la Constitución que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.