La "Caravana contra la Impunidad", integrada por defensores de los derechos humanos, partirá el sábado a Santiago para exigir ante el Palacio de La Moneda y en los tribunales chilenos la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, acusado de crímenes de lesa humanidad.
Unos 30 miembros de la caravana pretenden llegar la próxima semana hasta la residencia del ex mandatario peruano en el exclusivo barrio de Las Condes, en la capital chilena, donde le exigirán que se someta a la justicia peruana "por los crímenes que cometió durante sus diez años de gobierno", según la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
El grupo tiene previsto igualmente reunirse frente al Palacio de La Moneda y ante los tribunales de justicia, donde se concentrará en reuniones pacíficas y vigilias para pedir que Chile conceda la extradición del ex gobernante.
"El objetivo es crear conciencia en la sociedad chilena sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que perpetró Fujimori", dijo a la AFP Gisela Ortiz, integrante de la caravana, quien perdió a su hermano en la matanza de nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad La Cantuta, en Lima.
La "Caravana contra la Impunidad" será recibida en instituciones culturales y organismos vinculados a los derechos humanos y participará en actividades programadas por el Colectivo Anti-impunidad de Chile.
Se han programado conversatorios en la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales y la Universidad Andrés Bello, informó Francisco Soberón, de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú.
La comitiva permanecerá en Santiago del 15 al 22 de agosto y antes de culminar sus actividades hará entrega de una carta y miles de firmas recolectadas en demanda de la extradición a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
"De esta manera, se busca sensibilizar a las autoridades chilenas para que acepten el pedido de extradición de Fujimori y así pueda rendir cuentas de sus actos ante los tribunales peruanos", precisó Soberón.
Fujimori llegó a Chile el 6 noviembre poniendo fin a su autoexilio de casi cinco años en Japón. Un día después de su arribo fue recluido en la Escuela de Gendarmería, pero en mayo la justicia chilena le otorgó libertad condicional en tanto se resuelve el pedido de extradición presentado por Perú.
En julio de 1992 nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta fueron sacados durante una madrugada del claustro y llevados a las afueras de Lima donde fueron asesinados a sangre fría por el escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina.
El mismo escuadrón, formado por efectivos del ejército, había matado en noviembre de 1991 a quince personas -entre ellas varios ancianos y un niño- en los Barrios Altos, una zona antigua en el centro histórico de Lima.
Fujimori es acusado por la justicia peruana por presuntos delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada de personas en relación a esas dos matanzas y otras cometidas por el Grupo Colina, que actuaba en complicidad con los altos mandos de las fuerzas armadas, según las investigaciones.
Los crímenes de La Cantuta y los Barrios, perpetrados durante la guerra interna contra la organización maoísta Sendero Luminoso, son considerados entre los hechos más graves consumados en la década del gobierno fujimorista.
Rosales planteó una política exterior "para la paz, no una política ideológica para la guerra", en otra alusión a la postura anti-estadounidense de Chávez y a su armamentismo.
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