La Fiscalía del estado mexicano de Nuevo León puso a disposición de un juez a 36 policías para ser procesados por delitos de cohecho y delincuencia organizada, informó la dependencia.
Además, el mismo organismo liberó a 50 efectivos de las fuerzas del orden estatales y municipales al no encontrarles relación alguna, como inicialmente se presumió, con cárteles del narcotráfico.
Un operativo de seguridad escoltó a los 36 policías consignados a los penales de Cadereyta y Apodaca, ambos en este estado fronterizo con Estados Unidos.
Los agentes fueron detenidos el pasado 16 de abril por el Ejército y otras fuerzas de seguridad en varias acciones lanzadas en Nuevo León después de realizar un operativo para detener a más de cien agentes de diversas corporaciones municipales del estado.
Las autoridades se dieron un plazo de un mes, que expiraba hoy, por lo que ordenaron los encarcelamientos de quienes tienen presuntos nexos con el crimen organizado y la liberación de otros.
Las detenciones de policías se dieron en varios momentos del mes pasado hasta rebasar los 150 efectivos detenidos y a disposición de la justicia mexicana en la Academia Estatal de Policía de Nuevo León.
Los detenidos aparecieron en varias listas en la que se contabilizaban sobornos con cantidades que oscilaban entre 500 y 15,000 pesos (de $45 a $1,350) que se hallaron durante la detención de dos sicarios que se enfrentaron con el Ejército en el municipio de Marín el mes pasado.
Este año Nuevo León registra una ola de violencia producto del narcotráfico que ha dejado 60 asesinatos, de los cuales 20 corresponde a agentes de distintas corporaciones.
"No se ha descubierto qué funcionarios hicieron las interceptaciones", subrayó Santos para advertir que la investigaciones irán hasta el final.
Santos reconoció además que no solo falló la inteligencia policial sino también la contra inteligencia y "allí también habrá consecuencias".
Por su parte, el nuevo director consideró que lo sucedido es "un incidente cuya gravedad nadie desconoce" y que "hay que asumir con serenidad y responsabilidad".
Naranjo dijo que se establecerá la verdad sobre los hechos "para que haya justicia", se sancione a los responsables y anunció su disposición para adoptar medidas excepcionales de protección a quienes, como consecuencia del espionaje, se sientan amenazados.
El ministro Santos indicó que espera que de la crisis que desató la revelación de las ilegalidades en la Policía, salga una inteligencia policial más fortalecida.
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