Desde su creación en 1945, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se ha encargado de dirimir los problemas territoriales de los países que forman parte de las Naciones Unidas.
En un principio, las regiones latinoamericanas desconfiaban de esta entidad, pues consideraban que sus fallos les serían adversos y que apoyarían a los estados desarrollados.
Esta percepción con el paso de los años ha cambiado, a tal grado que en la actualidad, en manos de la Corte Internacional de Justicia hay cerca de 4 casos de conflictos territoriales latinoamericanos que esperan ser discutidos o fallados por este organismo.
Se estima que de los 120 casos que se iniciaron en la CIJ desde 1947, el 10% pertenece a países latinoamericanos.
Los casos más polémicos que se han visto en los últimos años involucran a países como Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Perú, Chile y El Salvador.
Uno de los casos más comentados durante el año 2012 fue el fallo emitido por la CIJ el 19 de noviembre en el conflicto entre Colombia y Nicaragua.
La sentencia de alguna forma confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -que incluyen los cayos de Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo-, el tribunal anunció que ahora corresponden a Nicaragua extensas zonas de las aguas que rodean los cayos de Quitasueño y Serrana.
Esta decisión no cayó bien a la administración de Juan Manuel Santos, quien como medida de presión informó que su país se retiraba del Pacto de Bogotá, el acuerdo regional que le da jurisdicción a la CIJ sobre los asuntos de su competencia.
Para que el retiro de Colombia sea formal, ha de pasar un año después que se depositó la denuncia.
La situación del país suramericano es delicada, ya que con su determinación, existen 120 tratados multilaterales, muchos de los cuales han sido ratificados por el país suramericano y en ellos se contempla la competencia de la Corte Internacional de Justicia.
Además hay que tomar en cuenta que Colombia aún tiene un caso pendiente en la CIJ con Ecuador, por el tema de las fumigaciones, en el que se solicitan indemnizaciones por daños y perjuicios, y la denuncia emitida por Colombia no le quita jurisdicción a La Haya para pronunciar su sentencia sobre el caso.
Otro de los casos que ha levantado expectativa es el de Chile con Perú, en el que Bolivia tiene cifradas sus esperanzas para lograr tener la tan deseada salida al mar, pues si Perú le gana a Chile en La Haya, el Gobierno boliviano asegura que podría correr con la misma suerte.
El caso Chile Perú, se remonta al 16 de enero de 2008, cuando Perú presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia por considerar que los límites marítimos no están definidos y pidió establecer una frontera.
Chile, por su parte, asegura que no hay tema pendiente, pues la demarcación fue definida en acuerdos en 1952 y 1954.
Los Gobiernos de ambos países aseguran que respetarán totalmente la decisión de la Corte, que se espera para mediados de este año, ya que los alegatos fueron presentados el 3 de diciembre de 2012.
Otro de los casos que están en espera de ser resueltos es el de Costa Rica con Nicaragua.
Estos países han recurrido en varias oportunidades ante la CIJ, y en la actualidad tienen abiertos dos casos.
Uno de ellos se inició en diciembre de 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por lo que considera “una violación de la soberanía nicaragüense y graves daños medioambientales a su territorio”.
Por su parte, el Gobierno nicaragüense precisa que Costa Rica está realizando obras de gran calado a lo largo de la frontera entre los dos países con serias consecuencias ecológicas.
Anteriormente, en 2009, la CIJ falló en otro diferendo que enfrentaba a Costa Rica y Nicaragua y reconoció la libre navegación de Costa Rica por el río San Juan con “fines de comercio”, lo que incluía el transporte de pasajeros y turistas, pero no la libre circulación de policías. Hay otros problemas que han pasado a manos de la CIJ, como el conflicto de la papelera uruguaya que causó graves problemas con su país vecino Argentina.
La CIJ dictaminó recientemente que la empresa no contaminaba, pero ordenó supervisiones periódicas de ambos países.
La mayoría de los dictámenes establecidos por la CIJ han sido acatados por los países en conflicto, lo que indica que hay un alto nivel de confianza.
