Simpatizantes del Gobierno venezolano marcharon por las calles de Caracas para conmemorar las violentas protestas callejeras de 1989 conocidas como El Caracazo, en una manifestación en la que el presidente Nicolás Maduro reveló la desarticulación de un supuesto golpe de Estado en su contra.
Portando afiches del fallecido presidente Hugo Chávez y banderas nacionales, los seguidores del oficialismo marcharon al ritmo de música festiva rumbo al palacio de gobierno en el centro de Caracas.
En el palacio, Maduro pronunció un discurso para recordar la fecha que el oficialismo cataloga como una rebelión popular contra un paquete de medidas que se impuso al comienzo del segundo mandato del fallecido expresidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
El recorrido de siete kilómetros se inició en la plaza Brión, del este de Caracas, lugar donde con antelación opositores se disponían a recolectar firmas en apoyo al polémico Acuerdo Nacional de Transición que el Gobierno ha considerado un llamado para derrocarlo.
Los opositores se vieron forzados a cambiar la ubicación para evitar cualquier choque por el abuso del régimen de tomar los espacios de la plaza Brión, en Chacaíto, a pesar de que ya habían notificado su actividad, dijo en un comunicado el movimiento político opositor Vente Venezuela.
Liliana Ortega, directora de la organización humanitaria Comité de Familiares y Víctimas de 1989 (Cofavic, creada para que se esclarezcan los asesinatos ocurridos a raíz de los disturbios), rechazó las celebraciones oficialistas y denunció que después de 26 años no se ha producido condena en ninguno de los casos.
Dijo que ni el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez y ahora el de Maduro, su heredero político, han honrado la promesa de Chávez de identificar y entregar a sus parientes los restos de 65 presuntas víctimas de la represión que fueron encontradas en fosas comunes en un cementerio de Caracas.
La Fiscalía General, empero, indicó en la víspera que el Gobierno venezolano ha indemnizado a los familiares de 596 víctimas, y tiene previstas audiencias preliminares de las causas contra exfuncionarios implicados entre el 18 de marzo y el 9 de abril próximo.
Un puñado de policías fueron encarcelados brevemente por sus acciones durante los disturbios, pero ninguna autoridad, militar o policía, ha sido declarada culpable por la matanza.