El informe, patrocinado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Agencia Sueca de Cooperación y presentado ayer en varias ciudades de Colombia, señala que la guerra contra el narcotráfico en el país requiere urgentemente un cambio de enfoque.
Básicamente el informe propone dejar de enfatizar en la represión en los extremos de la cadena (producción y consumo) y concentrarla en los eslabones intermedios.
"Es necesario superar los prejuicios -puritanismo, cinismo, subestimación del daño que la droga causa- y avanzar hacia un tratamiento racional del problema, basado en el enfoque de reducción de daños", señala el informe.
"Las políticas represivas deben concentrar la atención en los eslabones medios de la cadena, como provisión de insumos y precursores, manejo de rutas, distribución mayorista y lavado de activos, donde la eficacia es mayor", agrega.
En el lado de la demanda, el informe propone "morigerar las acciones punitivas sobre el consumo, acentuar los programas preventivos y ver al consumidor más como un enfermo que como un criminal", mientras que en el lado de la oferta señala que "la reducción del daño significa más erradicación manual y menos fumigación aérea", además de mayores alternativas para los campesinos y colonos cocaleros.
El informe también reflexiona sobre la relación entre la droga y el conflicto colombiano.
"Aunque el 40% de las finanzas de la guerrilla de las FARC corresponden a dineros del narcotráfico y en el caso de las autodefensas ese monto es de 80%, eso no quiere decir que esas organizaciones existan para el negocio. Ambos grupos tienen proyectos políticos y ejercen poder en las localidades bajo su control", afirma el documento.
"Es simplista suponer que acabar con la droga trae como consecuencia inmediata el fin del conflicto. Existen otros motores del conflicto que tienen que ser desactivados por el Estado", agrega.
Por otro lado, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, dijo ayer que en Colombia son bienvenidos"" los grupos de derechos humanos, pero lo que el gobierno no puede permitir es una indignación selectiva"" de ellos frente a los actos de violencia en el país.
Mencionó, por ejemplo, el caso del caballo-bomba en la población de Chita, que el miércoles mató a ocho pobladores humildes pero que no motivó una reacción de todos los grupos de derechos humanos.
Ayer, el presidente Alvaro Uribe visitó el lugar de los hechos.
La nueva propuesta del presupuesto respetará los aumentos escalonados a los funcionarios del Seguro Social y las reservas de la entidad.
Por su parte, el nuevo Rolando Villalaz, pidió a la Policía Nacional no violar la autonomía de la institución ingresando a las instalaciones, porque estas acciones le impiden realizar adecuadamente su trabajo.
“Estoy haciendo un esfuerzo porque la situación no se salga de la mano y le pido a la Policía que coopere, que no me ponga en riesgo una situación muy difícil para mí”, sostuvo.
Villalaz, quien ayer asumió en propiedad el cargo, también hizo un llamado a los trabajadores para que realicen sus protestas, pero pacíficamente.
“Hay personas que quisieran que esta institución se paralizara y perdiera todo rasgo de autonomía y no puedo estar de acuerdo con esto”, sentenció. Sobre las protestas, el ministro de Salud, Fernando Gracia, advirtió que todo funcionario de la CSS que ponga en peligro la salud de los asegurados por realizar protestas, podría ser despidido.
Señaló que el reglamento de la institución es claro y los funcionarios tienen el deber de cumplir con su trabajo, y no poner en peligro el funcionamiento de los servicios de salud.
De igual forma, el rector de la Universidad de Panamá, Julio Vallarino, ordenó la suspensión de las clases en este centro de estudios en el día de hoy. Aclaró que las actividades administrativas se desarrollarán normalmente. Por su parte, el presidente de la Asociación Médica Nacional, Rafael Aparicio, indicó que se mantienen en sesión permanente para evaluar la situación que se está dando en la CSS.
Añadió que cualquier medida de paro o huelga será sometida a la Comisión Médica Negociadora Nacional.
Denunció la violación a la autonomía del Complejo Hospitalario por parte de la Policía, la cual incluso ingresó a los pisos de hospitalización.
En tanto, la Defensoría del Pueblo hizo una inspección en el Complejo Metropolitano de la CSS, donde el subdirector médico, Edgar Sagel, denunció que policías rompieron los vidrios de las oficinas del Departamento de Transporte para arrestar a unos 15 funcionarios.
El subdirector acusó a las unidades de usar gas lacrimógeno, el cual afectó principalmente a pacientes que padecen enfermedades respiratorias.
El presidente del Partido Popular, Rubén Arosemena, pidió ayer al Ejecutivo que reintegre en su puesto a Jovane para que termine su periodo.
Exigió al Gobierno no continuar con la “perjudicial” transacción de venderle bonos de la República a la CSS, puesto que le resta liquidez y no le garantiza los rendimientos esperados.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Partido Solidaridad, Abraham Martínez, condenó la violencia y la represión contra estudiantes y trabajadores que protestaron ayer contra la destitución del profesor Juan Jovane.
Exhortó a las autoridades a no promover la privatización de los servicios que brinda la institución y continuar los esfuerzos en el Diálogo Nacional por el Seguro Social para buscar una salida a la crisis que vive la entidad.
En tanto, el presidente de la Asociación Panameña de Exportadores, Guillermo Villarreal, señaló que apoyan la remoción de Jované con la finalidad de encontrar una salida dialogada al problema de la entidad y rechazó las protestas y actos de violencia espontáneos que suscitaron.
Por otra parte, representantes de grupos empresariales del país expresaron ayer su preocupación por las pérdidas económicas millonarias, que han podido causar los violentos enfrentamientos callejeros.
De acuerdo con el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pacífico Plata, cualquier manifestación afecta económicamente al país y lo único que se logra es el desasosiego, y esta protesta no es la excepción.
Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, John Bennet, sostuvo que con estas pérdidas los más afectados serán los que menos tienen. "Es lamentable lo que ocurre, por lo que en estos momentos creemos que hay que continuar es la mesa del diálogo buscando la solución al problema".
De igual forma, la vicepresidenta del CoNEP, Digna Donado, sostuvo que la situación de la CSS es tan grave que el déficit existente aumenta en un millón quinientos mil balboas diarios, es decir cuatrocientos millones de balboas por año, por la ausencia de acciones concretas que resuelvan esta situación.
