Concluye el traslado de reos de una cárcel salvadoreña que será sede universitaria

 Las autoridades de El Salvador concluyeron este viernes con el traslado de alrededor de 1.360 presidiarios, miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), para clausurar el Centro Penal de Seguridad de Chalatenango (norte) y ocupar el espacio para la construcción de una sede universitaria.

El director de la Dirección de Centros Penales, Osiris Luna, dijo a periodistas que los reos fueron trasladados, en su mayoría, al Penal de San Francisco Gotera (oriente), y a los centros penales de Ciudad Barrios (oriente) y de Sonsonate (occidente).

Luna detalló que el jueves fueron trasladados 620 privados de libertad y este viernes concluyó el procedimiento con el movimiento de 749 reos.

"Hemos redistribuido a la población penitenciaria y debemos destacar que no estamos llevando hacinamiento a otras cárceles", aclaró el titular de Centros Penales.

La Presidencia informó el jueves de que el cierre de dicha cárcel "responde a una de las principales promesas de campaña del presidente (Nayib Bukele) de sacar a los internos de esa ciudad para dar paso a la creación de una sede universitaria".

Se desconoce si la sede universitaria será parte de la estatal Universidad de El Salvador (UES) y el presupuesto destinado para su construcción.

La fuente también indicó que el traslado de los reos "obedece a las acciones que ejecuta la Dirección General de Centros Penales de clausurar instalaciones penitenciarias de lugares de alta concentración de personas".'

La organización Cristosal pidió el 2 de diciembre a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anule parcialmente la reforma a la ley penitenciaria que permite tratos "inhumanos" en las prisiones.

Estas medidas son las relacionadas con la restricción de la visita familiar, el régimen estricto en las cárceles de máxima seguridad y el aislamiento prolongado de los reos.

"La existencia de penales dentro de las ciudades, muchos de ellos construidos hace décadas, ya no corresponde con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las poblaciones aledañas", señaló.

De acuerdo con diversas organizaciones humanitarias, el Estado de El Salvador viola los derechos de los presos con una serie de "medidas extraordinarias" aplicadas por el Ejecutivo en 2016 y que se volvieron permanentes por decisión de la Asamblea Legislativa.