"Este es, sin lugar a dudas, un caso penoso que obstaculiza la integración europea de Ucrania", admitió el presidente ucraniano, Víctor Yanukóvich, al referir a la situación de su mayor adversaria, condenada en octubre pasado a siete años de prisión por el delito de abuso de poder.
Desde prisión, la líder opositora, de 51 años, ha denunciado que la persecución judicial en su contra ha sido orquestada por Yanukóvich con el propósito apartarla de la vida política e impedir que pueda disputarle la jefatura del Estado en las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2015.
Timoshenko fue declarada culpable de excederse en su atribuciones por autorizar en 2009, cuando se hallaba al frente del Gobierno, la firma de acuerdos gasísticos con Rusia que, según las actuales autoridades, resultaron ser extremadamente onerosos para el país.
El encarcelamiento de la dirigente opositora, que en diciembre de 2004 lideró la llamada Revolución Naranja, el movimiento pacífico que frustró el fraude en las elecciones presidenciales de ese año en favor de Yanukóvich, causó conmoción no solo en Ucrania, sino también fuera de sus fronteras.
El juicio al que fue sometido Timoshenko "no respetó los estándares internacionales en lo referente a procesos legales justos, transparentes e independientes", declaró la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, nada más conocerse la sentencia.
El 54 por ciento de los ucranianos considera que la persecución judicial de Timoshenko tiene una motivación política, mientras el 27 por ciento afirma que ésta se ajusta a derecho, según unas encuestas realizadas por el grupo de estudios sociológicos "Rating".
Para salvar a Timoshenko de prisión, su grupo parlamentario propuso una enmienda para despenalizar el delito de abuso de poder, iniciativa que fue rechazada en la Rada Suprema, el Legislativo ucraniano, por la mayoría oficialista.
Pero la ofensiva judicial contra la dirigente opositora no concluyó con la sentencia condenatoria por abuso de poder, que incluye, además de los siete años de prisión, tres de inhabilitación y el pago de compensaciones multimillonarias.
El 11 de noviembre, justo un mes después de que se dictara la condena a Timoshenko, el Servicio Estatal de Impuestos (SEI) de Ucrania anunció nuevos cargos en su contra: ocultamiento de ingresos, apropiación indebida y evasión tributaria.
Según el SEI, la ex primera ministra ocultó ingresos en divisas por más de 165 millones de dólares y se apropió de fondos públicos y evadió impuestos por más de 47 millones de grivnas (unos 5,8 millones de dólares).Algunos expertos consideran que ya no hay marcha atrás en la persecución judicial contra Timoshenko.
"Para las autoridades ucranianas la liberación de Timoshenko significaría sin duda el inicio del fin. Ella no tiene nada que perder y de ser liberada podría convertirse en la líder que consolidaría y conduciría los movimientos opositores", afirma el politólogo ucraniano Alexéi Ivánov.
Hay quienes sostienen que Timoshenko es rehén de la negociaciones entre Kiev y Moscú sobre el precio del gas ruso y puesta en libertad en caso de que sean revisados los acuerdos gasísticos de 2009.
"Timoshenko mejor que nadie está enterada de que existen acuerdos adicionales que seguramente se firmaron entonces y de los que ella probablemente es beneficiaria. Ni ella ni tampoco la parte rusa quieren hacerlos públicos", dijo a Efe Pavel Salin, experto del Instituto de la Coyuntura Política de Rusia.
En opinión de Salin, el encarcelamiento de la líder de la oposición ucraniana es una forma de presionar Rusia para que revise las condiciones de los acuerdos firmados en 2009.
