Un juez especial chileno condenó ayer a un excoronel del Ejército y a dos antiguos dirigentes de la Colonia Dignidad por el secuestro, en 1975, de cincuenta opositores a la dictadura de Augusto Pinochet que fueron encerrados y torturados en ese enclave alemán en el sur del país austral.
Según informaron fuentes judiciales, el juez Jorge Zepeda, de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó al coronel y exagente de la policía secreta de la dictadura Fernando Gómez Segovia y a los dirigentes de la Colonia Dignidad Kurt Schenellenkamp Nelaimischkies y Gerhard Mücke Koschitze a cinco años de prisión.
No obstante, el magistrado concedió a los condenados el beneficio de la libertad vigilada, que les permitirá cumplir la sentencia fuera de la cárcel.
Schenellenkamp y Mücke fueron parte de la cúpula dirigente de la Colonia Dignidad y estrechos colaboradores del exsuboficial nazi Paul Schfer, quien fundó a comienzos de los años 60 el enclave, que fue descrito como "un Estado dentro de otro Estado" por el expresidente de Chile Patricio Aylwin.
El enclave, de 16 mil hectáreas, situado a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, fue utilizado como campo de prisioneros, torturas y exterminio por la dictadura de Pinochet.
Schfer murió en prisión en 2010 mientras cumplía una condena de 20 años de prisión por violación y abusos sexuales contra menores de edad y otra de siete años por infracción a la ley de armas y explosivos, tras el descubrimiento en el enclave de poderosos arsenales que incluían armamento pesado y antiaéreo.
Las cincuenta víctimas del caso eran habitantes de diversas localidades de la región del Maule detenidos por la Dina, la policía secreta de Pinochet, entre abril y junio de 1975, quienes fueron llevados a la Colonia Dignidad, donde permanecieron atados de pies y manos, con la vista vendada y fueron sometidos a torturas por periodos que fluctuaron entre cuatro y noventa días.
La mayoría fueron posteriormente liberados en las cercanías de sus domicilios, pero algunos fueron trasladados a campos de prisioneros en Santiago u otros puntos del país.
Las víctimas, señala el fallo, fueron privadas de libertad "sin existir orden de autoridad pública basada en causa legal en contra de ellas y se ejecuta en aplicación de un plan de ataque directo a la vida, integridad física, libertad y dignidad de las personas y a la noción de humanidad misma".
Lo anterior, señala, "en el contexto de persecuciones, torturas, desapariciones y otros tratos crueles e inhumanos en contra de un determinado grupo de la población, cuyos fundamentos fueron motivos políticos".
En la parte civil, el juez condenó al Estado de Chile a pagar solidariamente con los victimarios la suma de veinte millones de pesos (unos 30 mil dólares) a cada demandante o grupo de demandantes.
El 11 de septiembre de 1973, un grupo de militares, encabezados por Augusto Pinochet, derrocaron al mandatario Salvador Allende y se inició así una dictadura que generó desaparecidos, exiliados y un gobierno con mano de hierro.
Sondeo revela que la mayoría de los chilenos desea otra Constitución
Un 71% de los chilenos opina que el país necesita una nueva Constitución y un 51% considera prioritario un cambio al respecto, según un sondeo difundido tras el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de abrir un proceso para reemplazar la Carta Magna que impuso Augusto Pinochet.
Según la encuesta, divulgada por la consultora Plaza Pública-Cadem, un 51% de los consultados considera que un cambio a la Constitución Política de Chile es un tema muy prioritario para los ciudadanos.
Desde hace una semana, el país está enfrascado en debates sobre el tema, tras el anuncio de Bachelet de abrir un periodo de discusión y diálogo para dotar a Chile de una nueva carta fundamental, en reemplazo de la que Pinochet impuso en 1980.
La actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia, manifestó la presidenta Michele Bachelet.
