Medidas
- El Primer Comando de la Capital o PCC fue creado por un grupo de presos el 31 de agosto de 1993, en la Casa de Custodia de Taubaté, poco menos de un año después de la masacre en Carandirú.
- Los principales objetivos de la facción eran combatir los malos tratos en el sistema penitenciario y evitar nuevas masacres como la de 1992, según el periodista Josmar Jozino, autor de tres libros sobre el PCC, entre ellos, "Xeque mete, o Tribunal do Crime e os Letais Boinas Pretas" (Jaque mate, el Tribunal del Crimen y los letales Boinas Negras).De acuerdo a Jozino y Silveira, el grupo criminal se extendió por todo el sistema carcelario e impuso reglas de conducta a los presos.
Veinticinco policías fueron hallados culpables por la matanza de 52 reclusos durante un motín en 1992 en la prisión de Carandirú en Sâo Paulo.
El juez Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo sentenció a cada uno de los agentes a 624 años de prisión, si bien no cumplirán más de 30 años tras las rejas bajo las leyes brasileñas. La abogada de los acusados anunció que apelará al fallo.
Mientras tanto, los policías siguen en libertad a la espera del resultado de la apelación.
Se trata del segundo juicio sobre la que se conoce como la masacre de Carandirú, en la que murieron 111 prisioneros.
El juicio duró cinco días, y se vivieron momentos de gran tensión.
Los abogados intentaron por todos los medios convencer al jurado –formado por siete hombres– de que los 25 policías militares acusados no podían ser condenados si no se demostraba que cada uno de ellos había asesinado personalmente.
La acusación demostró que en el lugar de la matanza fueron abandonadas 12 armas que no habían sido usadas para intentar hacer creer que los presos muertos estaban armados.
Además, un testigo afirmó que horas después de la matanza se lavaron las paredes y el piso de los pasillos para hacer desaparecer las manchas de sangre antes de que se llevara a cabo una investigación policial.
En abril, otros 23 policías recibieron sentencias de 156 años en cárcel cada uno, por el mismo caso. Y otros 31 agentes serán enjuiciados en los próximos meses en relación con los asesinatos en la ahora desaparecida prisión.
En el 2001, el coronel de la Policía Militar, Ubiratan Guimaraes, fue condenado a 632 años de prisión por uso excesivo de la fuerza cuando les ordenó a los agentes que aplacaran el motín.
Pero un tribunal de apelaciones de Sâo Paulo revirtió la condena en febrero de 2006 ante el alegato de Guimaraes de que solo cumplía órdenes.
Siete meses después, Guimaraes fue hallado muerto en su departamento de Sâo Paulo, con un disparo en el pecho. Su novia fue juzgada por delito de homicidio el año pasado y fue absuelta.
El motín comenzó por una pelea entre bandas rivales de presos y la violencia pronto se desencadenó por todo el centro penitenciario, que tenía capacidad inicial para albergar 4,000 reclusos, pero en realidad tenía casi 8,000.
El alzamiento duró casi tres horas hasta que más de 300 agentes policiales ingresaron a las instalaciones, acribillaron a más de un centenar de reos en unos 30 minutos.
Las autopsias mostraban que cada uno de los muertos había recibido descargas de hasta cinco balas.
