El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Gobierno colombiano por "prácticas genocidas", entre otras muchas violaciones a los derechos humanos.
"Se condena al Gobierno de Colombia (...) por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas en sus modalidades de matanzas de miembros de grupo, lesión grave a la integridad física y mental de los miembros del grupo, y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que puedan llevar a su destrucción física total o parcial", reza el fallo del Tribunal.
En un documento de 42 páginas, el Tribunal, que no tiene facultades judiciales, sino que funciona como una instancia para la participación de sectores populares, reveló que tanto el Estado como 29 multinacionales que operan en Colombia, mantuvieron en algún momento contactos con grupos paramilitares, acusados por la justicia colombiana del asesinato de cientos de campesinos, entre otras.
La sentencia se dirige también "a las empresas trasnacionales por las graves, claras y persistentes violaciones de los principios y normas generales y de los convenios internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades (...) y personas de los pueblos de América Latina".
El jurado responsabilizó a ambos actores por violación del derecho laboral; violación generalizada de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medioambientales de los ciudadanos, y vulneración de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
El fallo también contiene una condena moral contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) por promover políticas neoliberales y por alentar y permitir "la invisibilización jurídica de las empresas multinacionales que hace muy difícil exigirles responsabilidades desde el derecho internacional".
Recomendaciones. El TPP recomendó al Estado colombiano investigar y sancionar a los responsables de matanzas y desplazamientos forzados de poblaciones, retirar los derechos de explotación de minerales a algunas empresas extranjeras que explotan yacimientos en territorios indígenas, de acuerdo con la sentencia.
Empresas como la British Petroleum (BP), que opera en la región del Casanare, en el este colombiano; desde 1987, aseguró desconocer de alguna acusación directa por parte del Tribunal.
Esta semana la petrolera Occidental, que también opera en Colombia, rechazó cualquier relación con actos contra los derechos humanos en esta nación andina.
