Un juez chileno condenó hoy a penas de prisión a dos carabineros jubilados por el asesinato, en 1973, de un alcalde, su hijo y su esposa embarazada, aunque otorgó a ambos el beneficio de la libertad vigilada, informaron fuentes judiciales.
El fallo, dictado por el juez especial Joaquín Billard, sentenció a cinco años de prisión al ex carabinero Luis Gajardo Arenas como autor del homicidio calificado de Ricardo Lagos Reyes, su hijo Carlos Lagos Salinas y su esposa, Alba Ojeda Grandón.
Ambos condenados podrán cumplir sus sentencias bajo el régimen de libertad vigilada, según dispuso el juez.
El también ex carabinero Patricio Jeldres Rodríguez fue condenado a tres años y un día de prisión en calidad de encubridor del mismo delito, mientras otros dos imputados, Pedro Loyola Osorio y Arturo Alarcón Navarrete, también carabineros jubilados, fueron absueltos al no poder comprobarse su participación en los crímenes.
El juez, adicionalmente, determinó que los dos condenados y el fisco deberán pagar una indemnización de 30 millones de pesos (unos 58.252 dólares) a Patricia Paredes Parra, querellante en la causa.
Ricardo Lagos Sánchez, de 47 años, militante del partido socialista, era el alcalde de la ciudad de Chillán, 400 kilómetros al sur de Santiago, mientras su hijo Carlos, de 20, era estudiante universitario y su esposa, Alba Ojeda, de 29, era funcionaria pública y tenía un embarazo de seis meses al ser asesinada.
Los tres fueron ultimados a balazos en su propia casa durante un allanamiento realizado por la policía militarizada el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado que llevó al poder a Augusto Pinochet.
En ese entonces, las autoridades castrenses afirmaron que las víctimas habían muerto al enfrentarse con armas a las fuerzas del orden, lo que quedó desvirtuado en la investigación judicial por declaraciones de testigos.
Los informes tanatológicos señalaron además que las víctimas murieron a causa de heridas múltiples causadas por disparos de armas de fuego.
El juez Billard desestimó en su fallo aplicar la amnistía o la prescripción al caso, que catalogó como "crimen de lesa humanidad".
