La mayoría de los datos aportados por el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras sobre el paradero de unos 580 detenidos en la dictadura de Augusto Pinochet son falsos o al menos deben ser investigados, afirmaron abogados y organismos de derechos humanos.
En un documento formalizado ante notario, entregado a la Corte Suprema, al Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía) y al Ministerio de Justicia, Contreras responsabiliza además a Pinochet de la represión durante su régimen (1973-1990). El otrora poderoso jefe de la represión acusa a Pinochet de haber ordenado los asesinatos del general Carlos Prats, en 1974 en Buenos Aires, y del ex canciller Orlando Letelier, en Washington en 1976, pero asegura que lo hizo "con la CIA".
En el caso de Letelier, Contreras repite los mismos argumentos que no pudo probar en el juicio que lo condenó, en 1995, a siete años de prisión por ese crimen.
Tras examinar el escrito, los familiares de víctimas y abogados de derechos humanos señalaron que está repleto de falsedades, por lo que a su juicio se trata de otro intento de Contreras por salvar su propia responsabilidad y de sus subordinados.
La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) consideró la confesión de Contreras "un montaje" para ocultar la verdad, mientras la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) pidió que se designe un juez especial para investigar las aseveraciones de Contreras.
"La información contiene una enorme cantidad de antecedentes que no corresponden a la realidad que hemos conocido en los tribunales", opinó por su parte Mireya García, de la AFDD.
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