La Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca abrió una salida a la crisis política desatada tras la decisión del jurista español Carlos Castresana de renunciar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con acusaciones al Fiscal General del país.
En un “fallo histórico”, el máximo tribunal de este país centroamericano dejó sin efecto el nombramiento del Fiscal General y jefe del Ministerio Público, Conrado Reyes, quien ocupaba el cargo desde el pasado 25 de mayo por designación del presidente, Álvaro Colom.
El Parlamento guatemalteco, de acuerdo con la resolución de la CC, debe ahora convocar a una Comisión de Postulación en las próximas 24 horas para que inicie un nuevo proceso de elección.
En un plazo de dos meses, esta Comisión deberá elegir a los seis abogados aspirantes que obtengan mayor calificación, que incluirá en el grupo que entregarán al Presidente para que éste designe de entre ellos al nuevo Fiscal General para un período de cuatro años.
El fallo, dijo el presidente de la CC, Roberto Molina, “es una decisión histórica” que fue dictada de forma unánime por los magistrados.
