El fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, afirmó que su oficina analiza la información recibida sobre presuntas ejecuciones de civiles disfrazadas de bajas en combate en Colombia por parte de altos cargos del Ejército.
“Estamos preguntando al Gobierno sobre esa cuestión, ellos nos responden sobre los casos que ellos hacen y estamos preparando un informe sobre eso, pero por ahora seguimos en proceso de analizar”, indicó el fiscal en su último día de trabajo en la CPI.
Recientemente, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió a la CPI que abra una investigación contra los altos cargos del Ejército colombiano responsables de las ejecuciones de civiles disfrazadas de bajas en combate, los llamados “falsos positivos” que presuntamente ocurrieron entre 2002 y 2008.
Ocampo detalló que la fiscalía “no tiene que abrir casos” cuando Colombia los investiga, tal como dictaminan las reglas del Estatuto de Roma, que da fundamento a la corte.
El jurista argentino, que ha estado al frente de la fiscalía de este tribunal durante nueve años, analizó que en el caso colombiano la CPI "es un factor de incentivo para la acción judicial” desde su postura de control de las investigaciones que realizan las autoridades locales.
Al mismo tiempo, reconoció que “Colombia es ejemplo de un país que hace el esfuerzo más grande del mundo” para juzgar “problemas del pasado” y para ofrecer “reparación a las víctimas”.
Añadió que la violencia “se ha reducido mucho en Colombia en los últimos 10 años” y que la obligación de la CPI es “centrarse en los casos que no se hacen”.
Además de los análisis preliminares relacionados con Colombia, la CPI estudia si se han producido crímenes de lesa humanidad en Honduras durante el golpe de Estado de 2009.
Acusaciones contra la CPI.
Por otro lado, Ocampo rechazó las críticas recibidas que señalan que su fiscalía solamente abrió casos en países africanos y afirmó que esa es una estrategia de mandatarios africanos como el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, para “ocultar sus propios crímenes”.
Ocampo, quien mañana pasa el testigo de la fiscalía a la fiscal gambiana Fatou Bensouda, enfatizó que “esas críticas surgieron cuando empezamos a investigar el genocidio en Darfur”, la región sudanesa.
“Lo que se tiene que preguntar es por qué se ha cometido el genocidio en Darfur”, especificó en su evaluación de su trabajo como fiscal de la Corte durante los últimos nueve años.
Hasta ahora, la fiscalía tiene siete casos abiertos, centrados en Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Libia, Kenia y Costa de Marfil.
En el caso de la región sudanesa de Darfur, los jueces emitieron una orden de arresto contra Al Bashir en marzo de 2009, pero desde entonces el mandatario sigue sin ser detenido.
DENUNCIAS EN LA ONU
- El 27 de mayo de 2010, Philip Alston, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para las ejecuciones arbitrarias, en informe presentado tras su visita a Colombia, en junio de 2009, denunció que existe “un patrón de ejecuciones extrajudiciales” y que la impunidad abarca el 98.5% de los casos en los que en la mayoría de los casos se manipulaba la escena.
DATOS IMPORTANTES DEL HECHO
2002- al 2008 se presume que ocurrieron los llamados “falsos positivos”.
- años tiene el argentino Luis Moreno Ocampo como fiscal de la Corte Penal Internacional.
- en ese año unos 40 militares involucrados fueron liberados por vencimientos de términos.
