Desde que asumió el poder hace casi dos años, el presidente Enrique Peña Nieto ha buscado proyectar una imagen de un México dinámico, que está derrotando la violencia del narcotráfico y avanza hacia el futuro promisorio tras aprobar una serie de reformas constitucionales y económicas.
Incluso, ha ofrecido contribuir con soldados a las operaciones de paz de las Naciones Unidas en el mundo.
El problema es que, en casa, el grotesco ciclo de violencia en México continúa con soldados y policías implicados en toda clase de atrocidades. Así, la determinación del mandatario de enfocarse en el momento mexicano se ha descarrilado por el reciente desorden interno.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han dicho que la muerte de 22 presuntos criminales a manos de soldados es una prueba del compromiso de México con la defensa de las garantías individuales, mientras que el mundo demanda respuestas por la desaparición forzada de 43 estudiantes de magisterio, que se teme fueron asesinados y enterrados en fosas clandestinas en el sur del país.
Violencia
Peña Nieto ha abordado el tema de la violencia de manera directa en al menos dos ocasiones esta semana, y mientras crece la indignación entre los mexicanos, las Naciones Unidas y el Departamento de Estado estadounidense han hecho llamados para que se realice una amplia y transparente investigación en ambos casos.
No cabe el menor resquicio de impunidad, dijo el jueves el presidente al referirse específicamente a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, una comunidad del estado sureño de Guerrero y a unos 200 kilómetros al sur de la capital del estado.
Víctimas
Los titulares que ha generado el caso, Muchos de los cuerpos fueron calcinados, El rostro de una de las víctimas fue desollado y 26 policías locales han sido arrestados por su presunta responsabilidad, no son precisamente lo que Peña Nieto esperaba para un mes en el que sus fuerzas de seguridad han detenido a dos de los principales barones del narcotráfico y cuando semanas atrás recibiera el premio al Global Citizen de una organización estadounidense.
La organización Human Rights Watch había dicho que la muerte de los 22 en la municipalidad de Tlatlaya constituye una prueba del compromiso de Peña Nieto con el respeto a los derechos humanos.
Se ha vuelto evidente que en el proceso de impedir que este asunto desviara la atención de su gobierno, él cometió el error de ignorarlo por completo, dijo Tony Payan, director del Centro de México en el Instituto de Políticas Públicas Baker, de la Universidad de Rice, en Houston, Texas.
Peña Nieto asumió el poder en diciembre de 2012 y de inmediato cambió el discurso público, después de que la narrativa de su predecesor estuviera marcada por la guerra contra el narcotráfico. El nuevo presidente cambió la atención hacia las reformas que promovería para hacer del país un terreno fértil para las inversiones.
