Con el voto de 52 de los 100 legisladores, que se instalaron en sesión extraordinaria el miércoles, el Congreso designó a los nuevos 27 magistrados y reeligió a cuatro, tras considerar que estaban en funciones prorrogadas.
La reorganización de la CSJ originó en Quito protestas de estudiantes universitarios de derecho, que se enfrentaron con la fuerza pública, mientras que la Policía acordonó la CSJ, en el norte de la ciudad, para impedir el ingreso de los magistrados cesados.
Por otra parte, líderes de sectores políticos, empresariales, bancarios y de la prensa demandaron al jefe de Estado que preserve la paz respetando el orden constitucional y calificaron de "inconstitucional" la resolución legislativa de cesar a los magistrados de la CSJ, así como a los miembros de los tribunales Constitucional (TC) y Supremo Electoral (TSE).
El ex presidente de la CSJ, Hugo Quintana, quien permanecía en su despacho, abandonó la sede de esa institución y denunció que Gutiérrez, a través de la mayoría de legisladores afín al gobierno, violó la Constitución al reestructurar los altos tribunales con una simple resolución parlamentaria.
Hace dos semanas, los diputados oficialistas también reorganizaron los tribunales Constitucional (TC) y Supremo Electoral (TSE) mediante resoluciones.
La oposición sostiene que la CSJ fue reorganizada para permitir el regreso del ex presidente Abdalá Bucaram (agosto de 1996 a febrero de 1997), asilado en Panamá luego de ser destituido por el Congreso, que sin comprobación médica declaró su incapacidad mental para ejercer el poder.
Bucaram, aseguró este viernes haber influido en la decisión de Gutiérrez y consideró "sabia" esa medida, según una entrevista con un medio colombiano.
Además recordó que el pasado 1 de septiembre se reunió con Gutiérrez en la capital panameña, y señaló que en ese encuentro el jefe de Estado escuchó sus "planteamientos" sobre lo que llamó las "mafias políticas" ecuatorianas.
Por otro lado ayer, sectores productivos y políticos de Ecuador plantearon la disolución de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) afín al gobierno que el Congreso designó tras disolver la anterior, y la creación de un nuevo tribunal para solucionar la crisis institucional que vive el país.
"Primero se vuelve al Estado de derecho, a la Constitución, a la Ley y a la democracia", propuso el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien dio una posible solución a la crisis al proponer que el Congreso, designe otra CSJ donde no aparezcan los magistrados destituidos.
La decisión se adoptó a pesar de que la legislatura de 100 miembros no tiene la facultad constitucional de enjuiciar, destituir o interferir en la designación de los miembros del ente rector del sistema judicial, abriendo una nueva pugna en el país.
La Iglesia Católica advirtió que la situación "puede terminar en la anarquía y la dictadura", por lo que demandó a los legisladores que cedan en su postura.
Mientras que portavoces de los partidos de oposición llamaron a la población a salir la próxima semana a las calles para defender la democracia.
A pesar de estos llamamientos, Gutiérrez expresó que "se están sintiendo vientos positivos de cambio".
