Defensores de derechos humanos denunciaron hoy en México la participación de autoridades centroamericanas, mexicanas y estadounidenses en los abusos que sufren los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos, y son abandonados a su suerte por "sus países de origen, de tránsito y de destino".
Activistas latinoamericanos, asiáticos, europeos y africanos se reúnen esta semana en la capital mexicana con motivo de la quinta edición de Acción Global de los Pueblos, para analizar los flujos migratorios desde la perspectiva de los derechos humanos.
Miembros de organizaciones civiles consultados allí por Efe coincidieron en señalar la inoperancia de los gobiernos de la región a la hora de proteger a los inmigrantes de las bandas criminales que buscan aprovecharse de ellos, cada vez más relacionadas con el narcotráfico.
"Ya no hablamos de conductores de camión ni de los polleros (traficantes de indocumentados) de antaño, sino de delincuencia organizada", reconoció la directora general del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, Fabienne Venet.
Venet considera que la criminalización del migrante y la ausencia de canales regulares para su tránsito "han abierto un nuevo mercado al crimen organizado en términos de tráfico ilícito de personas".
Añadió que "las rutas, las complicidades y las autoridades corruptas que operan en los abusos a inmigrantes probablemente se crucen con las utilizadas en el narcotráfico".
"Es un negocio para los traficantes, así como para los policías y agentes migratorios corruptos", apuntó Gabriela Morales, coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos del Migrante de la fronteriza Ciudad Juárez, considerada la urbe más violenta de México.
La activista detalló que estas redes aislan a los inmigrantes para que no denuncien por temor a su vida o su integridad física.
Según Diego Lorente, de PCS Migraciones, todo comienza en los países de origen incapaces de satisfacer las necesidades básicas de quienes emprenden este periplo hacia Estados Unidos.
Relató que, en el camino, los inmigrantes sufrirán la indiferencia de las autoridades de países de tránsito como México, "que dejarán hacer a todos los entramados corruptos", y del de destino, "que los utiliza como mano de obra barata".
"Los gobiernos quieren eludir responsabilidades o aprovecharse de alguna manera", lamentó Lorente.
Todos los activistas coincidieron en la ausencia de una política migratoria en la región y en la falta de acciones contundentes de derechos humanos.
Aseguró que "igual de indignante" fue la masacre de 72 centroamericanos atribuida el pasado agosto al grupo criminal Los Zetas en el estado norteño de Tamaulipas como que sólo se reaccione "ante ese tipo de destapes mediáticos".
Melissa Vertiz, del centro Fray Matías de Córdova de Tapachula, en Chiapas (frontera con Guatemala), aseguró que el Gobierno mexicano "no está comprometido en materia de derechos humanos".
"Para nosotros, una política migratoria no implica que se apruebe una ley de migración, sino que se cree un mecanismo de protección al migrante y al refugiado" y añadió que "de nada sirve que haya un reglamento si éste no se aplica".
Hasta el viernes, grupos sociales, religiosos, sindicales y académicos tratarán de demostrar en Ciudad de México que la inmigración no es una carga para nadie, sino una realidad.
"Trabajamos más en la idea de codesarrollo que en la de considerar que los inmigrantes son actores obligados a promover el desarrollo en su tierra y, encima, en sus países de destino. No se les puede responsabilizar de eso", dijo Venet.
