Cuatro sospechosos más fueron detenidos el fin de semana en Madrid y su periferia sur, indicaron investigadores de los atentados del 11 de marzo en la capital española.
Tres de los sospechosos fueron detenidos en el barrio madrileño de Lavapiés, donde 48 horas después de los atentados fueron arrestados tres marroquíes, entre éstos Jamal Zugam, considerado posible autor material de los ataques.
El cuarto fue detenido en Getafe, en al sur de Madrid, siempre según las fuentes que no precisaron la identidad ni la nacionalidad de los detenidos.
Los cuatro sospechosos, detenidos entre sábado y domingo fueron trasladados a la comisaría central de Madrid en el barrio de Canillas (noroeste).
Según las fuentes los sospechosos comparecerán entre hoy y mañana ante el juez Juan del Olmo, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, principal instancia penal española. Mañana se realizará el funeral de Estado.
Sugiere además un plan de pensiones que tenga como objetivo otorgar a este colectivo una pensión temporal, antes de llegar a la edad normal de retiro, que sea igual a la pensión que recibiría de la CSS, siendo así, tanto trabajador como el empleador cotizarían en un fondo separado del PIVM.
Por otro lado, en la investigación de Ducreux no se pasa por alto el diagnóstico del Gobierno. Y es que, según dice, las acciones de Cable & Wireless y los gastos de representación a los que se refiere la actual administración como una alternativa, "sólo aportarían el 0.50% de contribución".
A lo anterior Lacalle le llama "un aporte irrelevante, el barco se seguiría hundiendo". Su explicación se reduce a la analogía de un buque que aún navega, después de 1000 bombazos.
Las soluciones a las que se refiere el Gobierno taparían tal vez 10 de esos huecos, "¿y el resto?".
A lo inefectivo de esa probabilidad se añade lo injusto. "Es dinero de todos y por tanto es negarle la igualdad de oportunidades a generaciones futuras".
"Seguridad social" pasó a ser "seguridad política", si corresponde definirlo de algún modo.
Para John Bennett, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), "la seguridad social ha servido mejor como instrumento de lograr el apoyo popular de los grupos de interés, que como una herramienta de solidaridad humana".
A su juicio, el haber hecho obligatorio el sistema de seguridad social jamás fue una medida auténticamente democrática con respeto a los derechos de la persona, sino una respuesta a intereses muy vagos; tales como "conquistas laborales" o "derechos sociales".
Los trabajadores, quienes también han tenido parte en las discusiones, simplemente no estarían de acuerdo con un aumento en la edad de jubilación, advierte Genaro López, del sector de la construcción, al tiempo que sostiene que la situación mejorará en la medida que se deje de ver "a la CSS como la caja menuda de los gobiernos".