Directriz europea obligará a empresas en cadena de suministros a cumplir con debida diligencia

Presentan en Costa Rica nueva directriz europea que obligará a empresas en cadena de suministros a cumplir con debida diligencia.

Para Massimo de Lucca, jefe de la sección económica y comercial de la Unión Europea en Centroamérica, se trata de una oportunidad para que las empresas latinoamericanas continúen o mejoren sus prácticas ambientales y de derechos humanos para mantener su competitividad más allá del Océano Atlántico.

“Es una herramienta novedosa porque va a exigir que las empresas medianas y grandes tengan sistemas que controlen los impactos de las actividades en su cadena de suministros para que no haya daño a la protección de los derechos humanos y el ambiente y que cuenten con planes en relación con el cambio climático”, constató de Lucca.

Para la ministra de Trabajo de Costa Rica, Silvia Lara, “la conducta empresarial responsable constituye un factor fundamental de esa resiliencia de las cadenas de suministros y un factor fundamental para el manejo de riesgos asociados a esas cadenas de suministro”.

"El 1 de febrero 2022, el Consejo de Gobierno tomó el acuerdo de instruir a todas las empresas públicas a que presenten un plan de acción para implementar la visión de la triple utilidad al Consejo de Gobierno. Además, el gobierno costarricense acordó que las empresas estatales deben de llevar una debida diligencia para cuidar los derechos humanos de los trabajadores en la toma de decisiones y manejo de riesgos", aseguró la ministra, que termina funciones este 8 de mayo.

Estas declaraciones se dieron en un foro realizado el miércoles en el Centro de Convenciones de Costa Rica de manera híbrida, presencial y remota, por el proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y El Caribe (CERALC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el apoyo de la Unión Europea, así como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

En el foro se evaluaron retos y avances de la región para promover el concepto de “debida diligencia” con relación a la Conducta Empresarial Responsable.

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El concepto engloba la capacidad de las empresas para cumplir con su deber de actuar teniendo en cuenta los derechos humanos, el cambio climático y las consecuencias ambientales, así como evitar o mitigar posibles daños o afectaciones en estos temas.

Jessica Gómez, asesora legal de la Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP), aseguró que instruirse en este tema y que las organizaciones que integran las Cámaras estén haciendo un esfuerzo por esta normativa es primordial, pues 90% de las metas que tienen las empresas se basan en derechos humanos y sostenibilidad.

"Estas directrices que hemos estado analizando permite a UCCAEP crear un plan para derechos humanos y sostenibilidad y crear un centro de recursos virtuales para ayudar a las empresas costarricenses", indicó Gómez.

Asimismo, Estefania Unfried, punto nacional de contacto con la OCDE, en el Ministerio de Comercio Exterior, aseguró que trabajan en varias guías, tanto especializadas como generales, para poder promover esta conducta empresarial responsable en Costa Rica.

"Trabajamos en un plan de acción llamado ‘Triple P’, personas, planetas y prosperidad, en el que estas medidas son efectivas para que las empresas crezcan", comentó.

En el foro también se tocaron temas como casos de éxito en cadenas de valor globales, bases sólidas que se deben construir desde el sector público y privado y cómo lograr el desarrollo sostenible de la región en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la relación entre Mesoamérica y la Unión Europea en estos temas.

“Sabemos que las empresas podrán tener dificultades para cumplir los requisitos de las nuevas normativas de debida diligencia, pero es una oportunidad también para el diálogo social", agregó Olga Orozco, jefa del proyecto CERALC de la OIT. 

Orozco encuentra retos y oportunidades ante las nuevas directrices de la Unión Europea. “Para las y los trabajadores esta tiene que ser la oportunidad de adquirir nuevas herramientas que les ayuden a luchar por el trabajo decente. Para los empleadores es una oportunidad de medir sus riesgos y de proveer los elementos que les pueden afectar y de tener más control sobre sus cadenas de producción. Para los gobiernos es un reto también para meterse en esas nuevas normativas y adaptar sus propias”.

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