La Justicia de México informó a la dirigente del poderoso sindicato de maestros de México, Elba Esther Gordillo, detenida este martes, que se enfrenta a los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los cargos le fueron notificados por un funcionario judicial a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los mayores de América, quien escuchó las acusaciones al otro lado de una ventanilla con rejas en el Reclusorio Oriente de la capital.

En la audiencia, transmitida por las cadenas de televisión, la dirigente sindical, detenida por un presunto desvío de fondos para su uso personal procedentes de recaudaciones sindicales, estaba acompañada por otros dos de los arrestados en relación al mismo caso, Isaías Gallardo y José Díaz, a quienes les fueron imputados los mismos cargos.
Los delitos son "considerados graves", por lo que los tres detenidos no tienen derecho a "gozar de libertad provisional", dijo un funcionario del juzgado penal.

Cuando escuchó por primera vez que los cargos incluían el de delincuencia organizada, la líder sindical sonrió levemente y dirigió su mirada hacia arriba.
El funcionario informó que la situación jurídica de los detenidos debe ser resuelta en un plazo de 72 horas, aunque puede ser prorrogable hasta las 144 horas para que los acusados aporten pruebas.
En la comparecencia estaba presente también el juez a cargo del caso, Alejandro Caballero, así como un defensor legal de Gordillo no identificado, quien pidió que se precisaran los "hechos reales" en los que se basaban las acusaciones.
Después de las consultas con Gordillo y los otros dos acusados, se acordó resolver este tema después de que los detenidos consultaran con sus abogados.
La Secretaría de Hacienda detectó en diciembre pasado, mes en que empezó la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, un depósito bancario de una suma muy elevada que le llevó a detectar en el sistema financiero un supuesto desvío de recursos sindicales para hacer pagos personales de Gordillo.
Después de las primeras investigaciones, se detectó que la dirigente sindical presuntamente se benefició de múltiples operaciones financieras por un monto superior a los 2,000 millones de pesos (157 millones de dólares).