E n América se pueden percibir avances en la lucha contra la pobreza, pero persiste la discriminación de las comunidades indígenas, los abusos policiales y la práctica de la pena de muerte, particularmente en Estados Unidos, según el último informe de Amnistía Internacional (AI).
El informe, divulgado en Londres, señala que muchos países latinoamericanos y caribeños han emprendido iniciativas para reducir la pobreza en los últimos diez años. Sin embargo, pese a ello, "más de 70 millones de personas siguen viviendo con menos de un dólar al día y es la región del mundo con el mayor índice de desigualdad".
Los más afectados.
En el caso de Panamá un claro reflejo de esta situación son los pueblos indígenas en donde la expectativa de vida en el caso de los ngöbe buglés es 68, para los emberá Wounan 66.5 y 71 para los kunas contraposición con las áreas urbanas en donde alcanza los 76 años.
En ese sentido, Susana Serracín, de Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), aseguró que esto persiste a pesar de que algunos grupos indígenas viven en áreas de gran riqueza mineral y en donde se desarrollan grandes proyectos hidroeléctricos y mineros.
Explicó que en algunas áreas como Bocas del Toro y Chiriquí se ha obligado a los indígenas de la etnia Ngöbe Buglé a abandonar sus tierras para permitir la realización de estos proyectos. Alegó que esto ha generado situaciones de violencia, pérdida de los sembrados de subsistencia y desarraigo.
En las regiones indígenas, la tasa de mortalidad es del orden de 469 por cada 100 mil niños nacidos vivos, muy alta comparada con la de áreas urbanas que es de 66 por cada 100 mil niños nacidos vivos.
En el apartado de abusos policiales, el informe de Amnistía Internacional señala que la tendencia a la estabilidad política de los últimos diez años "se ha visto ensombrecida por la crisis de la seguridad publica".
"El nivel de abusos policiales, actos delictivos y acciones violentas por parte de bandas era mayor en aquellas zonas donde el Estado se encontraba en gran medida ausente, posibilitando así que bandas de delincuentes ejercieran su contra sobre una gran parte de la sociedad.
Es digno de señalar que la violencia ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública fundamental.
