La Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú quedó dividida entre moderados, que aceptan con cierta resignación el fallo dictado ayer por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y quienes insisten en luchar por el desmantelamiento de una gigantesca papelera en Uruguay.
Unos 350 miembros del grupo ecologista, muchos de ellos acompañados por sus hijos de corta edad, escucharon los fundamentos y el fallo en la localidad de Arroyo Verde sobre la carretera que conduce a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde se levanta la planta, cuyo tránsito mantienen bloqueado desde fines de 2006.
El bloqueo del paso hacia Uruguay se mantendrá hasta que una "asamblea ampliada" con la participación de los vecinos de Gualeguaychú tome una decisión, el 2 de mayo próximo, indicaron portavoces del grupo ecologista.
El pronunciamiento del tribunal fue aplaudido cuando dictaminó que el Gobierno uruguayo violó el acuerdo con Argentina para la administración compartida del río Uruguay, hito fronterizo entre ambos países, al autorizar la instalación de la planta de la finlandesa Botnia.
Pero los abucheos y la indignación respondieron a cada alusión a que "no está comprobado" que la planta contamine el ambiente.
