Estados Unidos investiga si el grupo de medios del magnate Rupert Murdoch, News Corporation, también realizó escuchas ilegales en este país como hizo en Reino Unido, en una clara confirmación de que el escándalo ha cruzado ya el Atlántico.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric H. Holder, dijo que su departamento está analizando las actividades de News Corporation, ante la sospecha de que algunos periodistas pudieran haber intervenido los teléfonos de víctimas de los atentados del 11-S, como hicieron con personajes públicos y gente corriente en Reino Unido.
Holder, quien habló por primera vez sobre el escándalo en Australia, donde participaba en una reunión internacional, afirmó que ha respondido a la petición de varios miembros del Congreso que habían solicitado una investigación.
“Ha habido miembros del Congreso de Estados Unidos que nos han pedido que se investiguen las denuncias y estamos avanzando en ese sentido con las agencias responsables y organismos competentes federales en los Estados Unidos”, dijo el fiscal Holder.
Sus declaraciones se producen después de que el FIB confirmara que había empezado una investigación, aunque todavía no ha sido calificada como formal.
Según una fuente de la oficina federal, de momento están revisando la información para analizar los hechos y determinar, junto con la Oficina del Fiscal General, si se violó alguna ley federal.
Esta semana, después de que las acusaciones salieran a la luz, varios miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas, pidieron a Holder que investigara las actividades de “News Corp”, que en EE.UU. posee periódicos como el “Wall Street Journal” o el sensacionalista “New York Post” y el canal “Fox News”.
En una comparecencia pública, el influyente senador demócrata de Virginia Occidental, Jay Rockefeller, instó a las autoridades a investigar a la compañía para “asegurar que no se ha violado la intimidad de ciudadanos estadounidenses”.
“De acuerdo con informes recientes, periodistas que trabajaban para “News of the World” solicitaron a un policía de Nueva York el acceso a los archivos telefónicos de las víctimas del 11-S correspondientes a los días anteriores a los ataques”, señaló. Rockefeller envió, además, una carta al fiscal general en la que advirtió que, “si las alegaciones son ciertas, podrían constituir una violación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras”, que prohíbe los pagos, tanto en EE.UU. como en el extranjero, con intención de influir en cualquier decisión de un funcionario estadounidense o de otro país.
A la petición del senador se unió la del congresista republicano por Nueva York Peter King y presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, que pidió una investigación en una carta dirigida al director del FBI, Robert Muller.
“Es repugnante pensar que los miembros de los medios de comunicación tratarán de comprometer la integridad de un funcionario público para obtener beneficios financieros en el ejercicio del periodismo amarillista”, dijo King.
Los senadores demócratas, Robert Menéndez y Frank Lautenberg enviaron cartas a Holder solicitando que se aclaren los hechos.
