El pleno del Parlamento venezolano declarará mañana de "utilidad pública e interés social" la empresa Helvesa, una de las tres fabricantes nacionales de grandes tuberías para la industria petrolera, gasífera y petroquímica.
Así lo anunció hoy en un comunicado el presidente de la Comisión de Energía y Minas de la unicameral Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, quien añadió que en la actualidad la empresa "está parcialmente paralizada" y opera "bajo muy malas condiciones".
Ello, prosiguió, debido a que desde 1985, nueve años antes de su creación, afronta "un largo litigio" judicial por causas que no detalló, lo que ha incidido en deudas impositivas y laborales.
Los teléfonos de Helvesa se encuentran fuera de servicio, según comprobó Efe al intentar conocer una reacción de los representantes de la empresa, que tiene su principal planta en el Municipio Simón Bolívar del estado de Anzoátegui, en el noreste del país.
Entre "los ejecutivos, empleados y obreros" de la empresa, prosiguió el legislador, "hay una gran expectativa por la compra inminente por parte del Estado", por un monto no revelado.
Helvesa, con una capacidad de producción de 50.000 toneladas métricas anuales, cuenta con unos 250 empleados, "a quienes se les respetarán todos sus derechos laborales, como ha sido la práctica recurrente en todos los procesos de nacionalización que se han emprendido para profundizar el proceso revolucionario", agregó.
Rodríguez expuso que actualmente este mercado está abastecido por tres industrias de carácter privado y que las dos restantes "seguirán siendo particulares".
Estas son Soldaduras y Tuberías de Oriente CA, que es la que cuenta con una mayor capacidad instalada y participación en el mercado, e Imosa, que es de un tamaño similar al de Helvesa.
El principal proveedor de Helvesa es la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que tiene como principal accionista al conglomerado ítalo-argentino Ternium, que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha ordenado que también pase al control del Estado.
Chávez conminó en agosto pasado a que Ternium llegue a un acuerdo amistoso con ese fin, tras advertirle de "graves consecuencias" si opta por la confrontación judicial, porque en ese caso le reclamaría "miles de millones de dólares que no pagaron en impuestos".
"Queremos acabar todo amistosamente", de lo contrario se les despojará de "hasta el último tornillito que tengan aquí y no quiero verlos en Venezuela nunca más", manifestó a finales de ese mes.
La disputa está centrada en la supuesta solicitud de Ternium para garantizar su inmunidad frente a futuros reclamos de trabajadores o del Estado venezolano, algo que Chávez ha rechazado.
"Nos piden que la República (de Venezuela) les garantice inmunidad ante cualquier reclamo posterior. Si yo hiciera eso estaría violando la Constitución", explicó Chávez.
El grupo Amazonia, constituido por Ternium (86 por ciento) y la argentina Siderar (14 por ciento), ambas de Techint, controla el 60 por ciento de Sidor, mientras que el resto se divide entre empleados (20 por ciento) y el Gobierno venezolano (20 por ciento).
Sidor fue privatizada en 1997 cuando Amazonia pagó 1.200 millones de dólares por el control de la mayoría accionarial de la empresa, y antes de la renacionalización de Chávez en mayo pasado contaba con una plantilla de 4.500 trabajadores directos y otros 5.600 contratistas.
Chávez ha revelado que Ternium solicitó "más de 4.000 millones de dólares" por la venta del 50 por ciento accionarial de Sidor, cantidad que el Gobierno venezolano ha desestimado.
