Coiba es una isla que posee una biodiversidad natural digna de admirar, una belleza impresionante, un valor incalculable que compromete a Gobiernos, ambientalistas y la comunidad en general a conservarla como tal, pero ahora toda esa riqueza está en peligro, luego de que se aprobara una legislación que permite la pesca de atún en sus aguas.
El atún desaparece de los océanos y sus reservas comerciales podrían extinguirse en un plazo tan corto como un año, en ciertas áreas marinas, según algunos científicos,
Mientras tanto, el pasado viernes, el presidente Martín Torrijos sancionó la Ley N° 55 de 2008, que introdujo reformas al artículo 11 de la ley que creó el Parque Nacional Coiba y establece una nueva zona para la pesca del atún.
Esta nueva zona de pesca se extiende desde el paralelo 6°30’ hacia la costa del Pacífico e incluye el área protegida de Coiba hasta el Archipiélago de Las Perlas.
Gabriela Etchelecu, directora Ejecutiva de la Fundación MarViva, señaló que esta decisión pone en peligro la diversidad biológica que existe en el área protegida de Coiba y zonas aledañas.
Etchelecu dijo que "sospechosamente se incluyó dentro la Ley N° 55 que deroga el libro segundo del Código Marítimo, un artículo que borró la zona de exclusión que impedía la pesca industrial en las aguas del Parque Nacional Coiba".
Ahora todo los barcos atuneros pueden ingresar al área de protección marina de Coiba y hacer pesca de cerco, explicó.
Coiba fue declarada el 14 de julio del 2005, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y por ello se estableció un área de protección, en donde está totalmente prohibida la actividad de pesca.
Según Etchelecu, la derogatoria del artículo 11 de la Ley 44, que creó el Parque Coiba, deja muy mal parado al Estado panameño, pues envía un mensaje contradictorio sobre su interés por proteger esta zona.
Desconocimiento total.
En tanto, el Diputado Vitelio Ortega, de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, manifestó desconocer en qué momento se introdujo el artículo que anuló la zona de exclusión en Coiba.
Ortega planteó que esto no se discutió en ninguno de los debates que sufrió la Ley N° 55, por lo que sospecha que se introdujo al momento de la corrección del documento, de ser así, lo actuado sería inconstitucional.
