La Fiscalía General de la República presentó el martes ante un tribunal civil una acusación formal contra el ex presidente Mauricio Funes, su ex esposa y uno de sus hijos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La Unidad de Delitos de Anticorrupción de la Fiscalía presentó la demanda ante la Cámara Segunda de lo Civil, pues de acuerdo con las investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia el ex mandatario y su familia no habrían podido justificar el origen de $728,329.74.
La demanda civil incluye a la ex primera dama y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pingato, y a uno de sus hijos, Diego Roberto Funes Cañas.
Entre las irregularidades señaladas por la Sección de Probidad, la ex primera dama presuntamente saldó deudas cuando al parecer ella no tenía ingresos como secretaria de Inclusión Social.
El jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, indicó que Vanda Pignato ha sido incluida en la demanda dado que se presume que ella estuvo involucrada desde un primer momento con el ex mandatario y tendrá que justificar de dónde provino el dinero que usó para pagar deudas.
El caso contra el ex presidente inició cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema encontró inconsistencias en su declaración patrimonial.
En la resolución, la Corte Suprema señaló que según el resultado de la investigación, comparando sus ingresos y deudas, Funes "no podría tener la posibilidad de ahorrar durante su período de gestión. Sin embargo los saldos reflejados al 31 de mayo de 2014 en sus cuentas bancarias suman un total de $150,323.31, los cuales no se justifican con los ingresos reportados por el ministerio de Hacienda''.
El informe la Corte subraya que "se desconoce, en total, el origen de $194,924.00 utilizados para pagar tanto deudas declaradas como no declaradas''.
Amaya añadió que la fiscalía también investiga si durante su mandato Funes registró a su nombre 85 armas que no fueron incluidas en su declaración patrimonial.
De ser encontrado culpable, el ex presidente será obligado a devolver al Estado el dinero por el que está siendo demandado y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier tipo de cargo público por un período de 10 años.
Funes, que llegó al poder postulado por el partido guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el primer ex presidente de El Salvador que enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito desde que fuera aprobada la ley de 1959, y el segundo ex mandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente en los últimos nueve meses por irregularidades durante su gobierno.
El ex presidente Francisco Flores (1999-2004) murió recientemente al sufrir un derrame cerebral en arraigo domiciliario a la espera de un juicio en su contra por el desvío de 15 millones de dólares que llegaron al país para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001. Gran parte de ese dinero fue a parar a las cuentas del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que lo llevó al poder.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador también ordenó recientemente a un tribunal de lo civil que inicie un juicio por enriquecimiento ilícito al ex presidente Tony Saca, el tercer ex mandatario en ser procesado por irregularidades durante su periodo.
En su resolución, la Corte Suprema ordenó el congelamiento de varias cuentas bancarias de Saca (2004-2009), que llegó al poder postulado por el partido derechista Arena.
La auditoría del patrimonio de Saca refleja que la Sección de Probidad detectó 13 irregularidades que inicialmente alcanzaban $6,574,445 millones y que, tras haber justificado algunos, quedó reducido a $5,062.31 millones.
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